POLICIALES | Armando Agüero | Comisaría Tercera

El Ministerio Público Fiscal rechazó el recurso de 'hábeas corpus'

El juez de Control Heber Pregno presidió en la mañana de hoy una nueva audiencia llevada a cabo en el Palacio de Tribunales local, donde se debatió respecto de la presentación del 'hábeas corpus' presentado días atrás.

La agenda de audiencias emitida como cada mañana a través del Departamento de Comunicación marcó un antes y un después en la mañana judicial. Desde las 10:30, estaba pactada la audiencia de ‘hábeas corpus’ presentada hace algunas jornadas atrás por un defensor que observó la condición en la que se encontraba su defendido en la Comisaría Tercera de esta ciudad.

Un grupo de abogados, compuesto por los doctores Elba Pozze, Alejandro Piñeiro, Alejandro Caram, Walter Vaccaro y Guillermo Constantino fueron quienes participaron de un trabajo ocular en dicho establecimiento policial. A raíz de ello, realizaron una exposición por la superpoblación observada, que luego replicaría el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de La Pampa.

Inmediatamente, el fiscal General de la Segunda Circunscripción, Armando Agüero se manifestó en diálogo con diario La Reforma al igual que el juez de Ejecución Penal, Mauricio Pascual. Ambos coincidieron en que la problemática, al contrario de lo expresado por el CAPLP, que el importante número de detenidos se daba por el incumplimiento de un convenio entre la provincia y el Servicio Penitenciario Federal.

Fue entonces que el pasado martes las partes mencionadas con anterioridad coincidieron en la Sala 3 de Tribunales, junto al juez de Control Heber Pregno, Martín Saravia, juez de Ejecución de Santa Rosa; el jefe de la Unidad Regional II, Daniel Guinchinau y el subcomisario a cargo de la Seccional Tercera, Lucas Rinaldi.

En primer término, el magistrado otorgó la palabra a los defensores presentes que pusieron de manifiesto cuál era su posición al respecto, destacando las situaciones observadas tras la inspección realizada en su momento. Además, sostuvieron que podrían realizarse traslados a modo de solución al problema.

“Los condenados tendrían que estar en un establecimiento carcelario como corresponde. Solicitar a su señoría que haga los trámites pertinentes para que se cumpla con lo pactado oportunamente”, requirió Walter Vaccaro. Así mismo, enumeró las plazas disponibles en otras unidades penales a las que podrían derivarse los detenidos piquenses a fin de aliviar la situación.

Por su parte, Constantino adhirió a los comentarios realizados por su par: “Estuve presente en la inspección ocular que se hizo en el lugar y habla por sí sola. La doctora Pozze también la presenció y, más allá de los ejemplos que da el doctor Vaccaro, se demostró la condición en la que viven los detenidos aquí en la localidad, por lo que acompaño lo que menciona mi colega”, agregó.

Incumplimiento

El fiscal General de la Segunda Circunscripción presente en la audiencia, solicitó que se tome declaración a los jueces de Ejecución citados para tal fin, junto al jefe de la Unidad Regional II. Ello a fin de conocer la situación actual y los informes que han sido presentados por los mismos.

A su turno, Pascual realizó un relevamiento histórico desde que comenzó a ejercer en su posición actual, orientando su reclamo hacia los constantes y reiterados incumplimientos por parte del Sistema Penitenciario Federal. Su alegato fue apuntalado, posteriormente por Saravia.

“Desde el inicio de mi cargo como el de mi colega presente, se iniciaron tratativas o gestiones a los fines que, desde el años 2012, 2013 se lograra el cumplimiento de un convenio transformado en el ley en el año 2007”, comenzó el magistrado piquense en el comienzo de su diálogo.

En su presentación, remarcó que la provincia de La Pampa efectuó la construcción de la totalidad de un ala del pabellón de la Colonia Penal U IV y el establecimiento semi abierto de ‘La Amalia’. Con ello, el Estado Nacional obligó a que se reciban 180 penados durante el transcurso de la construcción y, a su término, 300.

“A través de distintas resoluciones se ordenaba, tanto al director del Servicio Penitenciario Federal como al director de la unidad penal mencionada anteriormente, el cumplimiento del convenio firmado entre el Gobierno argentino, la provincia pampeana y el Ministerio de Justicia nacional, por el cual se ocuparían las 300 plazas comprometidas”, indicó.

Esta serie de resoluciones, que fueron debidamente notificadas, han sido incumplidas hasta la actualidad y, en ése ínterin, se dicta desde el Tribunal de Impugnación Penal el fallo Chena. El mismo ordenaba que los condenados que se encontraban fuera de la provincia fueran ‘repatriados’

A raíz del continuado incumplimiento, los jueces en cuestión aplicaron multas al director del SPF por cada uno de los condenados que no ingresaba a la Colonia Penal U IV. Es producto de ello que ambos se encuentran investigados por ‘abuso de poder’.

El compromiso de las autoridades provinciales siempre estuvo presente a fin de colaborar en solucionar el conflicto, aún buscando aportar económicamente para lograr más plazas en algunos establecimientos. Sin embargo, la respuesta fue nula en torno a dichas intenciones.

“Nos encontramos con una situación crítica en relación a los condenados alojados en comisarías y alcaidías. En el día de hoy, en lo que respecta a la Segunda Circunscripción, hay 84 condenados en este tipo de instituciones, lo que pone a las claras que el incumplimiento que venimos denunciando se viene manteniendo al día de la fecha”.

Interpelación

El fiscal Agüero consultó a Pascual sobre cómo se llevan a cabo los petitorios para la entrada de los detenidos: “Ingresado el legajo con condena firme a la unidad de Ejecución de Pena, lo primero que se requiere es la admisión al Servicio Penitenciario Federal y el cupo a los establecimientos de la provincia”, indicó aunque admitió que algunos se dan con mayor celeridad que otros.

En su repregunta, el funcionario judicial se interesó en la cantidad de detenidos que se han sumado en la zona norte: “Se arribó a un compromiso con el director que plaza que desocupaba un condenado de nuestra provincia, tenía que ser ocupado por otro pampeano. A más de eso, no deben haber ingresado más de 25 o 30 condenados”, apuntó.

Añadió, por otra parte, que existe otro acuerdo con el Complejo Federal 5º de Senillosa al cual se derivan aquellos implicados en delitos contra la integridad sexual, asegurándose así el contacto continuo de la familia con los presidiarios. En casos excepcionales, también se incorporan responsables de otros delitos, aunque con importantes demoras.

Perspectiva policial

El jefe de la Unidad Regional II, Daniel Guinchinau, también fue consultado por la situación en las que se encuentran comisarías y alcaidías: “Buscamos hacer lo mejor que podemos, creo que lo hacemos bien. Los presos están en condiciones saludables y se encuentran dentro de las condiciones de habitabilidad”, inició con su discurso.

Explicó, en este sentido que “no hay quejas de los detenidos”, mientras se trabaja habitualmente para la contención de los mismos, sobre todo en aspectos de salud, aplicando las medidas que fueran necesarias a tal fin. “Atendemos las necesidades de los detenidos y la familia. Tenemos en cuenta su bienestar haciendo los arreglos para que la visita sea acorde, para que la comida esté bien”, explicó.

El comisario afirmó que para ellos también significa un importante problema que exista mayor cantidad de presos de lo que estipula el cupo, debido a que se tiene que destinar mayor cantidad de personal para cubrir todos los aspectos mencionados con antelación.

Por último, criticó al SPF tras el análisis que llevó adelante el grupo de defensores: “Ha habido una inspección ocular por parte de la Justicia y es lo que se vio. Nosotros sí podemos ser controlados y no como el Servicio Penitenciario como dijeron los jueces. Todo está a la vista porque hacemos las cosas bien”, concluyó.

Rechazo del ‘hábeas corpus’

Al concluir la audiencia, el fiscal General dialogó con el diario La Reforma para poner de manifiesto su posición al respecto: “Yo, como Ministerio Público, solicité el rechazo al instituto por entender que no hay hacinamiento ni trato degradante por parte del personal policial para con los que están detenidos”, afirmó.

Añadió, entonces, que el contexto en el cual surge esta problemática está relacionado con el incumplimiento del Gobierno Nacional, debido a que La Pampa cuenta con 300 plazas del Sistema Penitenciario Nacional. “Solamente 120 están ocupados por pampeanos”.

Por otra parte, refirió a la situación irregular en la que se encuentran los presidiarios al indicar que el 55% de las personas detenidas en comisarías son condenados, por lo que si se los trasladara habría espacio suficiente para aquellos con prisión preventiva.

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