El texto sostiene que “el fallo judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, tan propiciado por el poder real de la Argentina como anticipado por sus apéndices mediáticos, transforma la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en una mera formalidad procesal”.
“Los tiempos en los que se emite el fallo despiertan serias sospechas sobre los intereses que lo motivan. Una vez más, surge nítidamente esa capacidad judicial para hacer coincidir decisiones judiciales con cronogramas electorales”, agrega.
Expresa el comunicado además que “esa notable presión mediática ejercida ante el Poder Judicial en cada instancia procesal sólo pudo ser efectiva por la genuflexa actitud de varios de sus integrantes, sumando más desprestigio social a un poder del Estado que privilegia intereses políticos sectoriales por encima del estricto cumplimiento de su rol constitucional”.
“Esa grave connivencia ha quedado demostrada ante la difusión pública de reuniones y actividades compartidas entre jueces y fiscales con altos miembros del gobierno de turno”, sostiene.
Remarca que “sorprende que, en los fundamentos de la condena, se asigne al titular del Poder Ejecutivo Nacional el carácter de responsable directo y final de la toma de decisiones emitidas por funcionarios de menor rango, responsables de organismos autárquicos o bien de esferas provinciales. Sin dudas, una incoherencia que desconoce el esquema jerárquico que fijan las normas de administración de los dineros públicos”.
“Si se quisiera mostrar imparcialidad al administrar justicia debieran tomar impulso causas inactivas hace muchos años, demostrando así que no existe selectividad según quien sea investigado. Por el contrario, hoy dirigentes enemigos siguen siendo investigados y condenados rápidamente y las causas de dirigentes amigos continúan paralizadas en los tribunales”, expresa.
Manifiesta que “así, la igualdad ante la ley sigue siendo un eslogan vacío. Debe quedar en claro que nadie puede estar por encima de la ley, pero tampoco aceptar que sea la excusa para perseguir a los que piensan distinto”.
Dice además que “no pedimos impunidad. Sí, exigimos justicia a través de procesos limpios, transparentes y justos”.
“Consecuentes con nuestra historia, rechazamos la judicialización de la política. No sólo daña la credibilidad de la democracia, sino que distorsiona el proceso electoral y convierte al adversario político en enemigo penal”, añade.
El comunicado finaliza diciendo: “Las diferencias políticas deben resolverse a partir de la decisión popular en las urnas, no con la proscripción de los tribunales.

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