Desde las escalinatas del edificio de Gil 353, y antes de marchar, los organizadores leyeron un documento en el que se expuso un diagnóstico crítico sobre la situación actual de las universidades públicas, con eje en el desfinanciamiento, el deterioro salarial y el incumplimiento de la ley votada y confirmada por el Congreso de la Nación y con un fallo judicial favorable, pero aún sin aplicarse.

El texto remarcó el valor histórico del sistema universitario argentino, al señalar que “las universidades públicas y sus comunidades son el fruto de una larga lucha de nuestro país”, y destacó su rol como garante de “educación superior de calidad, formación de profesionales y generación de conocimientos para el desarrollo”.

En ese marco, se definió a la universidad como “una caja de resonancia de las grandes demandas del país”, y se sostuvo que la comunidad universitaria no solo defiende su propio ámbito, sino también otras problemáticas sociales: “la discapacidad, las jubilaciones, la salud, las diversidades, el alimento y la industria nacional”.

Uno de los puntos centrales del documento fue el financiamiento. Allí se advirtió que la situación es “crítica” debido a que el Gobierno nacional “incumple la Ley de Financiamiento Universitario”, lo que genera una caída real de recursos. En ese sentido, se indicó que “las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026”.

El impacto de esa reducción, según se explicó, alcanza a todas las áreas. “El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios”, afirmaron, al tiempo que remarcaron que afecta tanto la enseñanza como la investigación y la extensión.

En relación a los salarios, el documento expuso un fuerte deterioro del poder adquisitivo. “Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación fue del 293,30%, mientras que los salarios aumentaron un 147,30%”, detallaron. Esa diferencia implica “una pérdida del 37,13%”, equivalente a “casi 11 salarios en el período”.

Como consecuencia, señalaron que los ingresos del sector se encuentran “en su nivel más bajo de los últimos 23 años”, lo que provoca renuncias, pluriempleo y una crisis en las obras sociales. “Las y los trabajadores no pueden llegar a fin de mes”, sintetizaron.

El documento también abordó la situación de los estudiantes, con un fuerte señalamiento al deterioro de las políticas de acompañamiento. “Las becas Progresar permanecen congeladas frente a la inflación”, advirtieron, y agregaron que otras herramientas como las Becas Manuel Belgrano o las de vocaciones científicas atraviesan incertidumbre o suspensión.

“Esto expulsa estudiantes del sistema y profundiza las desigualdades”, afirmaron, al tiempo que alertaron sobre el riesgo de que miles de jóvenes no puedan continuar sus estudios.

En cuanto al funcionamiento de las universidades, se indicó que los gastos operativos no logran recomponerse: “el poder adquisitivo de las partidas no superó el 64% del nivel que tenía en enero de 2023”, lo que equivale a “la pérdida de casi 9 meses de transferencias”.

"Ruptura del acuerdo democrático"

Sin embargo, uno de los pasajes más contundentes del documento fue el que apuntó al plano institucional. “La crisis no es solo presupuestaria”, afirmaron, y denunciaron una “ruptura del acuerdo democrático”. En ese sentido, cuestionaron que el Gobierno “ignore leyes sancionadas por el Congreso y fallos judiciales”.

“Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres”, expresaron, en una de las frases más resonantes de la jornada.

Además, se reivindicó el papel estratégico de la universidad en el desarrollo del país. “Es un recurso fundamental para la economía, la industria y la generación de empleo”, señalaron, y remarcaron su aporte a la movilidad social: “es un instrumento de justicia social que hace posible los sueños de miles de jóvenes”.

El documento concluyó con un llamado a la Corte Suprema para que garantice el cumplimiento de la ley vigente y con una consigna clara: “Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad será solo un sueño”.

De esta manera, la movilización volvió a poner en agenda la situación del sistema universitario, con un mensaje que combinó cifras, advertencias y una fuerte defensa del rol de la educación pública en la Argentina.

Agencia Santa Rosa