La reunión se dará en un escenario de tensión política y financiera. Ziliotto integra un frente de gobernadores que busca frenar una rebaja impositiva que, según estimaciones oficiales, le haría perder a La Pampa más de 32 mil millones de pesos por año.

El Gobierno nacional activó una ronda de reuniones con gobernadores para intentar reunir los apoyos necesarios que le permitan avanzar con la reforma laboral, uno de los proyectos estructurales de la gestión del presidente Javier Milei. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previsto reunirse el próximo martes 13 de enero en Buenos Aires con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

El encuentro se producirá en un contexto político y económico sensible, marcado por las negociaciones abiertas tras la sanción del Presupuesto 2026 y por las tensiones que genera la letra chica de la reforma laboral, especialmente en las provincias. Aunque el oficialismo busca repetir la mayoría holgada que consiguió para aprobar el presupuesto, reconoce que el nuevo proyecto despierta mayores resistencias.

Santilli se convirtió en el principal interlocutor del Ejecutivo nacional con los mandatarios provinciales. Con una premisa clara -no hay fondos frescos-, el ministro ofrece gestos políticos, promesas de gestión y eventuales compensaciones indirectas para intentar sumar respaldos.

La postura pampeana

Ziliotto llegará al encuentro con una posición definida. El gobernador pampeano forma parte de un grupo de mandatarios provinciales que trabaja para frenar el artículo 191 de la reforma laboral, considerado el más sensible del proyecto. La iniciativa reduce el impuesto a las Ganancias que pagan las empresas y, como contracara, disminuye la masa coparticipable que reciben las provincias.

Según los cálculos que manejan los gobiernos provinciales, si ese artículo se aprueba sin modificaciones, La Pampa perdería alrededor de 32.852 millones de pesos por año. El recorte impactaría directamente en el financiamiento de salarios, obra pública, salud, educación y otros servicios esenciales.

“Recibimos menos”, advirtió Ziliotto al señalar que la reforma incluye “una modificación impositiva encubierta” que afecta los recursos del Estado. El mandatario sostuvo además que el beneficio fiscal no está orientado a las pymes ni a los trabajadores, sino que se concentra en grandes empresas.

Un frente de gobernadores

La postura del gobernador pampeano no es aislada. Ziliotto comparte estrategia con otros mandatarios como Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Martín Llaryora (Córdoba), entre otros, que alertan sobre el impacto fiscal de la iniciativa.

Un informe elaborado por el diputado entrerriano Guillermo Michel encendió las alarmas al advertir que la reforma modificaría la escala del impuesto a las Ganancias para sociedades, generando una pérdida de recaudación coparticipable estimada en 1,7 billones de pesos para el conjunto de las provincias. El beneficio, según el documento, quedaría concentrado mayormente en un grupo reducido de grandes empresas.

Relación con la Nación

El encuentro entre Santilli y Ziliotto también estará atravesado por el vínculo institucional entre La Pampa y el Gobierno nacional. La provincia no mantiene deudas con la Nación y, por el contrario, es acreedora. Si bien adhirió al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas creado en diciembre de 2024, los avances han sido limitados.

Solo se acordó el pago parcial de una deuda previsional por el déficit de la caja jubilatoria -unos 62.500 millones de pesos a cobrar en 12 cuotas-, mientras que no hubo avances en el reconocimiento de la deuda por obras públicas.

Desde la Casa Rosada admiten que la reforma laboral aún no tiene los votos asegurados y que su tratamiento parlamentario deberá esperar. La estrategia oficial apunta ahora a negociar provincia por provincia, en busca de consensos amplios.

En ese escenario, la reunión entre Santilli y Ziliotto aparece como un capítulo clave: La Pampa no llega con urgencias financieras inmediatas, pero sí con una firme preocupación por el impacto que la reforma tendría sobre sus recursos.