La Argentina le había pedido a la jueza Loretta Preska, titular del tribunal de Segundo Circuito de Nueva York, EEUU, que reconsiderara el fallo que obligaba al país a recolectar mensajes y comunicaciones encontrados en los dispositivos móviles de ciertos funcionarios y ex funcionarios públicos. La jueza, rechazó el pedido y ratificó el fallo inicial.
La Procuración considera que la decisión de la jueza “es incorrecta y, por lo tanto, se encuentra analizando las vías procesales para su impugnación”.
Asimismo, destacó que “aún se encuentra pendiente de resolución la segunda moción presentada, que solicita limitar los pedidos de discovery únicamente a activos potencialmente ejecutables, conforme a jurisprudencia relevante como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital”.
“La Juez Loretta Preska rechazó el pedido de la Argentina de reconsiderar el fallo que obliga al Gobierno a entregar el contenido de los dispositivos móviles de ciertos funcionarios y exfuncionarios. Probablemente el país apele este fallo. La magistrada dice que no se discute que la República carece de ‘posesión’ o ‘custodia’ de las comunicaciones, pero afirma que tiene ‘control’ sobre dichas comunicaciones”, explicó el analista de litigios internacionales, Sebastián Maril.
Más temprano, desde la Procuración del Tesoro habían detallado las dos mociones que se presentaron ante la jueza. “La primera moción de reconsideración se produce sobre el requerimiento a la República Argentina de recolectar y producir comunicaciones y documentos almacenados en dispositivos, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería personales de ciertos funcionarios actuales y anteriores”, destacaron.
La argumentación se basa en que el tribunal pasó por alto una cuestión previa fundamental: bajo el derecho estadounidense, solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido, y Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios.
El escrito también sostiene que según el derecho argentino, dichos elementos son propiedad inviolable de sus titulares, y que ni siquiera el propio gobierno argentino tiene acceso a ellos. Por lo tanto, solicita que se reconsidere la orden, al no haberse demostrado el requisito de control exigido por la norma aplicable.
“La segunda moción solicitó reconsideración sobre los pedidos de discovery sobre activos de la República Argentina que no son susceptibles de ejecución. Se solicitó que se reconsidere la orden de la jueza por haber desatendido jurisprudencia relevante como el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, indicando que solo puede ordenarse el discovery de activos potencialmente ejecutables, y que permitir solicitudes irrestrictas es contrario a ese criterio”, se agregó.
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