El beneficio había sido revocado recientemente por el Tribunal de Impugnación Penal, que había dispuesto su traslado a una dependencia policial al considerar distintos elementos vinculados al riesgo procesal.

La situación de los otros dos imputados, Gonzalo Torres y Mauricio Bajo, aún no fue modificada. No obstante, el juez ordenó verificar las condiciones técnicas de sus domicilios para determinar si es posible implementar dispositivos de monitoreo electrónico.

Torres continuará detenido mientras se completan las medidas pendientes, aunque la defensa podría volver a solicitar la prisión domiciliaria una vez cumplidos esos requisitos. En tanto, Bajo había recibido inicialmente tres semanas de prisión preventiva, pese a que la Fiscalía había solicitado seis meses, y también será evaluado para una eventual utilización de tobillera electrónica.

La defensa sostiene que, una vez finalizadas las medidas de prueba, no existirían riesgos procesales que justifiquen que los acusados continúen detenidos en dependencias policiales.

La causa por el millonario robo continúa en etapa de investigación y entre las principales medidas pendientes se encuentra el peritaje de los teléfonos celulares secuestrados, que permitirá analizar comunicaciones y posibles mensajes eliminados.

Mientras tanto, la defensa mantiene cuestionamientos sobre distintos aspectos del hecho denunciado y plantea interrogantes respecto de la existencia y procedencia de los 250 mil dólares que habrían sido sustraídos, así como sobre la forma en que ocurrió el robo.