La otra discusión que se formalizó es cómo se trataría en particular el Presupuesto, si por capítulos o artículo por artículo. Tras evaluarse las diferentes posiciones se optó por la misma fórmula de Diputados.
Cuando todo parecía encaminado, más allá de haber resignado, el presidente Milei y su equipo económico, el Capitulo 11 donde se consignaban -reiterando la intencionalidad libertaria de derogarlas- las leyes de financiamiento universitario y de discapacitados, apareció una sospechosa redacción del artículo 30 donde se estipulaba un fuerte retracción a la Educación.
El alerta repercutió en todos los sectores afines que habían negociado el voto favorable, que al parecer comenzaba a flaquear, y en un momento de la larga y tediosa sesión flotaba una sensación de frustración de los oficialistas. Pero fue solo eso: una impresión, dado que los números mostraron que el Presupuesto estaba “blindado”.
Hubo un claro intento de senadores de la oposición de modificar el contenido del capítulo 2 y con ello provocar que se cayera el artículo cuestionado. También se registró un intento por modificar su contenido. Nada de eso fue factible.
Por ley el presupuesto debe sancionarse en el año previo a su ejecución. Por eso la urgencia oficialista. Ante los inconvenientes, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mandó a estudiar el tema y encontraron un antecedente para zafar.
Estaba, en las filas del libertarismo, presente la posibilidad de un voto negativo para determinados capítulos, situación que hubiera provocado que el Presupuesto volviera a Diputados y con ello superar los plazos legales establecidos. Existen antecedentes de anteriores tratamientos presupuestarios que sufrieron correcciones y los tiempos se fueron dilatando, sobrepasándose los plazos normativamente estipulados.
Estos hechos sientan un precedente que permitiría aplicar criterios similares y, según fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados, de producirse una modificación al proyecto enviado al Senado podrían fijarse dos fechas opcionales para darle tratamiento, que serían en la primera y/o segunda semana de enero. Pero todas las precauciones naufragaron cuando el poder legislativo logrado por el mileismo se puso en evidencia con una diferencia contundente de votos positivos.
No obstante, ante la posibilidad de inconvenientes, el presidente y su mesa política analizaban fórmulas que les permitieran, una vez tengan resuelto el problema presupuestario, buscar las formas de instrumentar los ajustes dispuestos para Discapacidad y presupuesto Universitario, habiendo trascendido que se analizaba un DNU que impusiera los contenidos bajados del Capitulo 11.
Javier Milei -tal como es su habitual comportamiento- no cede a vulnerar sus paradigmas gubernamentales: Superávit Fiscal y Déficit cero. Con lo cual sigue empeñado en no aplicar las leyes cuestionadas que ahora analiza anular por norma presidencial, o bien instrumentar reacomodamientos de otras partidas para dar cumplimiento a lo resuelto.
Si bien la consulta de distintos portales a profesionales constitucionalistas sobre el análisis que estaría evaluando el “triángulo de hierro” sostiene que: “Milei solo podría anular las dos normas mediante la sanción de una nueva ley que las derogue o mediante el dictado de un DNU”, aclaran, por otro lado, que un DNU en estas circunstancias: “Sería inconstitucional”, en el primer caso porque constituiría un retroceso de los derechos garantizados y en el segundo porque no cumpliría los requisitos que establece la Constitución para su dictado”.
Todo señalaría la suma de inconvenientes que se producen en torno a la ley del Presupuesto. Un “corset” que dice no a la medida que pretende el presidente a quien, dada su opinión, “no le interesa al gobierno, aceptarla condicionando la Ley de leyes”. De todas maneras la contundente decisión del Senado puso fin a tantas especulaciones.
El cuestionado artículo 30 fue simplemente soslayado con argumentos que convalidaron la decisión de quienes lo integraron a las fórmulas del Presupuesto 2026, en el mismo sentido y con similar resultado operó el análisis del artículo 12, el cual se refería a fondos de universidades.
El tema, que fue largamente discutido, fue sostenido por el oficialismo y aliados que se mantuvieron firmes en sustentar el paradigma presidencial que nada fue de afectar el Superávit Fiscal y el Déficit negativo. Así, las pretensiones de Javier Milei, Caputo y Sturzenegger quedaron satisfechas.
El presidente libertario-anarcocapitalista está ratificando que no le hace “asco” a ninguna acción, más allá de los recursos poco saludables que utiliza, para lograr sus objetivos.
Es una burda imitación de un poder que se ha ido degradando y que le otorgó al libertario la llave del Poder Ejecutivo, dado que una parte de la sociedad dijo que no al pasado y procuró, a través del voto, generar un cambio que hoy aprecia que “no todo lo que brilla es oro”, sino que también hay mucho barro.
Ahora, tras dos años de ausencia de la Ley de Leyes, hay una a la medida del presidente libertario. Habrá que ver cómo opera y hasta dónde son los posibles daños que la oposición sostiene que esto puede llegar a ocasionar, fundamentalmente, en las provincias, en el sistema educativo, en áreas de la ciencia, la investigación y la técnica.
Como dice el viejo refrán: “Habrá que verlo caminar para ver si renguea” y a partir de allí sacar las conclusiones.
La realidad es que el presidente Milei logró alzarse con la victoria, un paso positivo que será realmente útil si está acompañado de sensatez en las decisiones futuras.