Sin embargo, en las últimas décadas, estos cursos de agua enfrentan una amenaza creciente producto del cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación y las intervenciones humanas sin planificación ambiental. Frente a este escenario, la defensa de los ríos se ha convertido en una causa global que articula gobiernos, organizaciones sociales, comunidades indígenas y organismos internacionales.

Según datos de Naciones Unidas, más del 60 % de los ríos del mundo han sido modificados por represas, canalizaciones o desvíos, alterando su dinámica natural. Estas intervenciones, si bien en muchos casos impulsaron el desarrollo económico, también generaron severos impactos ambientales: pérdida de biodiversidad, degradación de humedales, desplazamiento de poblaciones y reducción de la calidad del agua. A ello se suma la contaminación industrial, agrícola y urbana, que convierte a numerosos ríos en verdaderos conductos de desechos.

En distintas regiones del planeta, la defensa de los ríos ha dado lugar a movimientos sociales de fuerte impronta territorial. En América Latina, comunidades indígenas y campesinas encabezan la protección de ríos emblemáticos como el Amazonas, el Magdalena o el Bío Bío, denunciando los efectos de la minería, el avance de la frontera agropecuaria y los grandes proyectos hidroeléctricos. En Europa, iniciativas de “renaturalización” buscan devolverle a los ríos su curso original, removiendo diques y recuperando planicies de inundación para mitigar crecidas y mejorar la calidad ambiental.

Un avance significativo en esta lucha ha sido el reconocimiento de los ríos como sujetos de derecho. Países como Ecuador, Colombia, Nueva Zelanda e India han impulsado marcos legales que otorgan personalidad jurídica a determinados cursos de agua, permitiendo su defensa legal frente a actividades que los dañen. Este enfoque innovador propone un cambio de paradigma: dejar de considerar a los ríos únicamente como recursos explotables y reconocerlos como sistemas vivos con valor propio.

El cambio climático agrega un desafío adicional. El retroceso de glaciares, las sequías prolongadas y los eventos climáticos extremos afectan el caudal y la disponibilidad de agua dulce. La defensa de los ríos, en este contexto, se vincula directamente con la seguridad hídrica y alimentaria de millones de personas. Proteger las cuencas, preservar los bosques ribereños y promover un uso responsable del agua se vuelve una estrategia indispensable para la adaptación climática.

En el ámbito internacional, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incorpora metas vinculadas al acceso al agua limpia y al saneamiento, así como a la protección de los ecosistemas acuáticos. No obstante, especialistas advierten que los compromisos deben traducirse en políticas concretas, controles efectivos y participación ciudadana.

La defensa de los ríos no es solo una causa ambiental, sino también social, cultural y económica. Cuidar estos cursos de agua implica garantizar el derecho al agua, preservar la biodiversidad y asegurar condiciones de vida dignas para las generaciones presentes y futuras. En un mundo atravesado por la crisis climática, proteger los ríos es, en definitiva, defender la vida.