La iniciativa abrió diferencias dentro del propio oficialismo, especialmente entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. Mientras el primero sostiene que todavía es posible reunir los apoyos necesarios, la senadora considera que el oficialismo está lejos de alcanzar la mayoría requerida.

Para aprobar una reforma electoral, el Gobierno necesita al menos 37 votos en el Senado. Sin embargo, según las estimaciones que circulan en el Congreso, el número de legisladores dispuestos a acompañar la propuesta todavía está muy por debajo de esa cifra.

La negociación con los gobernadores se convirtió en una de las principales apuestas del Gobierno para destrabar la reforma. Santilli incorporó la discusión electoral a sus reuniones con mandatarios provinciales, con la intención de conseguir compromisos que después se traduzcan en votos en el Congreso.

Hasta el momento, cuatro gobernadores radicales se expresaron a favor de eliminar las primarias. El jujeño Carlos Sadir, en cambio, se inclinó por una suspensión.

Pero los respaldos de los mandatarios no garantizan que sus legisladores acompañen la iniciativa. En el radicalismo ya hubo votaciones divididas y las autoridades nacionales del partido también marcaron diferencias con la propuesta del oficialismo.

La situación tampoco está resuelta entre los gobernadores peronistas que mantienen diálogo con la Casa Rosada. El tucumano Osvaldo Jaldo se manifestó a favor de mantener las PASO y cuenta con representación en ambas cámaras. En el caso del catamarqueño Raúl Jalil, el Gobierno tampoco tiene asegurado el acompañamiento de todos los legisladores de su provincia.

En ese escenario, Santilli necesita negociar distrito por distrito para intentar acercarse a los 37 votos. Sin embargo, las diferencias sobre el alcance de la reforma y la desconfianza entre la Nación y las provincias complican las conversaciones.

Ante la falta de avances, entre los aliados comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el tratamiento se traslade al próximo año, durante las sesiones extraordinarias o en el período legislativo correspondiente.

La alternativa no es nueva: el oficialismo ya había considerado que la discusión podía extenderse hasta febrero o marzo. Pero llevarla a 2027 implicaría debatir modificaciones al sistema electoral a pocos meses de las elecciones presidenciales.

La postergación también genera diferencias dentro de La Libertad Avanza. Mientras algunos sectores consideran que todavía hay margen para negociar, otros advierten que demorar la reforma puede complicar los planes electorales del Presidente y la agenda legislativa del Gobierno.

Además, la Cámara Nacional Electoral ya había advertido sobre los riesgos de modificar las reglas electorales cerca de los comicios. Los estándares internacionales recomiendan evitar cambios estructurales en períodos próximos a las elecciones para garantizar previsibilidad tanto a los partidos como a las autoridades encargadas de organizarlas.

Mientras el oficialismo intenta reunir apoyos, el peronismo trabaja para mantener la unidad en defensa de las PASO. El reencuentro entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa funcionó como una señal de coordinación en medio de las negociaciones parlamentarias.