Un escandaloso caso judicial avanzó el martes en los Tribunales piquenses con la formalización de una causa penal por “usurpación de autoridad y coacción” que tiene como imputado a un integrante de la comunidad judía que simuló ser un integrante de la Justicia pampeana, para “presionar” a una joven que denunció a un rabino por un supuesto caso de “abuso sexual”.
Autoridades del Ministerio Público Fiscal de la II Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad formalizaron a un hombre identificado como Alfredo Micha, quien confesó haber fingido ser secretario de un fiscal santarroseño y de “presionar” a la denunciante para que esta cambie su declaración, todo con el fin de “ayudar a un amigo”, precisamente el rabino Michael Hobarán, a quien no se le permite ejercer funciones religiosas por ser investigado penalmente.
La actividad judicial fue coordinada por el juez de Control Diego Ambrogetti, y contó con la participación de los fiscales Matías Juan y Cecilia Milanese, quienes presentaron la prueba necesaria para imputar a Micha por “usurpación de autoridad y coacción”.
Según se ventiló el martes en los Tribunales piquenses, Micha viajó desde la ciudad de Buenos Aires a bordo de una camioneta Ford EcoSport y se encontró con la denunciante en una Estación de Servicio ubicada en las afueras de General Pico.
Micha se presentó como un funcionario judicial pampeano, y en una “charla de café” le reclamó a la joven que diera marcha atrás con la denuncia contra Hobarán por supuesto abuso sexual. Incluso, al no alcanzar su objetivo, más tarde Micha le envió a la mujer mensajes de texto “amenazantes” con una falsa imputación judicial de “falso testimonio”.
La audiencia del martes culminó con la imputación formal de Micha por las mencionadas acusaciones, una orden para peritar dos teléfonos celulares (un iPhone y un Xiaomi Redmi) que entregó el acusado, y la libertad del mismo con “restricciones” de acercamiento a la damnificada y la obligación de presentarse semanalmente en una sede policial cercana a su domicilio de CABA, en principio hasta el 21 de febrero de 2026.
La investigación continuará con el peritaje telefónico, buscando no sólo ratificar los casos de “usurpación de autoridad y coacción” imputados, sino también para establecer si el rabino Hobarán cometió una “instigación” al delito.
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