Con el voto mayoritario de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, se volvió a colocar al empresario Lázaro Báez en el centro del escenario judicial al ratificar la nulidad de su absolución en una causa por evasión tributaria agravada. Se trata de una maniobra que, según estimaciones de la ex AFIP, habría generado un perjuicio de más de 60 millones de pesos al fisco nacional entre 2013 y 2015.

La causa gira en torno a una serie de operaciones simuladas entre Austral Construcciones -la firma insignia de Báez- y la sucesión de la empresa Adelmo Biancalani, radicada en el Chaco.

Según la acusación, Báez había adquirido los derechos hereditarios de esta firma en quiebra y, a través de ella, instrumentó contrataciones ficticias que se justificaban con facturación falsa.

Obras viales como un tramo de la Ruta Nacional 86 en Formosa fueron abandonadas, pero las facturas igualmente se computaron como gastos ante el fisco.

Además de la facturación apócrifa, el expediente señala que se utilizaron beneficios fiscales de forma indebida y se omitió declarar ingresos en IVA y Ganancias, lo que conformaría una maniobra de evasión agravada.

La ex AFIP calculó que solo en IVA se evadieron más de 40 millones de pesos en tres años, mientras que el perjuicio total rondaría los 4 millones de dólares al tipo de cambio actual.