A través de un informe, CSIRA aseguró que “durante el último año la industria argentina sufrió un retroceso sin precedentes. La actividad manufacturera cayó 9,4%, la construcción se desplomó 27%, y la minería también se contrajo, particularmente la vinculada con la actividad de la construcción”.
Remarcaron que “más de mil empresas industriales cerraron desde 2023, con la pérdida de más de 31 mil empleos formales en la industria. Los empleos perdidos totales son casi 100 mil, si sumamos los de construcción y minería. Este escenario es resultado directo de políticas que combinan apertura indiscriminada de importaciones (con un tipo de cambio que hace perder competitividad), crédito inaccesible y un mercado interno paralizado”.
Señala el escrito que “la continuidad de este rumbo amenaza con profundizar la desindustrialización, debilitando el entramado PyME y condenando al país a importar tecnología y trabajo. No hay desarrollo.
Mientras las potencias globales como Estados Unidos, la Unión Europea y China protegen su medidas de protección como el impuesto PAIS y los instrumentos antidumping”.
“Estamos transitando hacia soja y petróleo sin desarrollar cadenas de valor, con salarios que apenas recuperan una fracción de lo que estamos entregando”, remarca.
Denuncia además que “por otro lado, la desregulación del cabotaje nacional impuesta por el DNU Nº 340/2025, al habilitar que buques extranjeros reemplacen a los argentinos en el transporte de combustibles, alimentos e insumos esenciales, compromete la seguridad económica del país y la soberanía. La nueva normativa, una vez implementada, supondrá un inmediato aumento del desempleo, fuga de divisas y mayor precarización laboral”.
La CSIRA, remarcó que “el sector científico tecnológico enfrenta un brutal ajuste. El desarrollo nacional solo es posible con inversión en educación investigación científico tecnológica y agregado de valor. La ciencia argentina vuelva a ponerse al servicio de la economía y la producción. Consideramos que la educación -en todos sus niveles- es el motor del crecimiento y del empleo argentino.
Ingresando en cuestiones vinculadas con los salarios expresa el comunicado que “el verdadero ‘cepo’ es al bolsillo de los trabajadores: exigimos paritarias libres que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido y rechazamos la intervención del Gobierno en las que utilizan el salario como un ancla antiinflacionaria. El aumento constante de tarifas multiplicó el gasto de los hogares, sobre todo en los sectores medios y bajos. En paralelo, el salario mínimo perdió un 32% de su poder de compra entre diciembre de 2023 y abril de 2025”.
“A esto se suma el intento de flexibilizar derechos, precarizar el trabajo y criminalizar la protesta a través de normas como el DNU 70/23, la Ley Bases y el DNU 340/25, que pretende exterminar el derecho constitucional de huelga. Las Resoluciones 1066/2025 y 1071/2025 de la Comisión Nacional de Valores constituyen un avance para reemplazar el régimen indemnizatorio tradicional de despidos por un enfoque
de capitalización individual que atenta sobre derechos adquiridos por el movimiento obrero organizado”, señala el comunicado entre otros aspectos.