La magistrada consideró acreditados los requisitos establecidos en el artículo 13 del Código Penal y en el artículo 28 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, tanto en lo referido al tiempo de cumplimiento de la condena como a la conducta del interno.

Durante la audiencia participaron el abogado de la víctima, Franco Catalani, y la defensora de Ros Ramírez, Vanessa Ranocchia Ongaro. En esta oportunidad, la fiscal de Ejecución Penal, Marisol Emilia Rodríguez, no se opuso al otorgamiento del beneficio debido a que los informes técnicos y criminológicos elaborados por el Servicio Penitenciario resultaron favorables.

No obstante, solicitó la imposición de una serie de reglas de conducta para reducir riesgos y garantizar la protección de la víctima.

Entre las medidas dispuestas se encuentra la prohibición absoluta de mantener cualquier tipo de contacto o acercamiento con la víctima, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de continuar de manera ininterrumpida con su tratamiento psicoterapéutico.

La fiscal también había solicitado impedir el ingreso de Ros Ramírez a la ciudad de Santa Rosa, aunque ese planteo no fue receptado por la jueza, quien en cambio dispuso que el condenado solo podrá alojarse en un domicilio determinado de la capital pampeana.

Cambio de postura 

La posición asumida por la Fiscalía en esta audiencia contrastó con la mantenida semanas atrás durante el tratamiento de las salidas transitorias.

El pasado 1 de julio, el Tribunal de Impugnación Penal confirmó el régimen de salidas transitorias de 48 horas mensuales que Ros Ramírez cumplía en un complejo de cabañas de Ataliva Roca, pese a la oposición de la fiscal Rodríguez.

En aquella oportunidad, la representante del Ministerio Público había advertido que el proceso terapéutico del condenado aún no estaba consolidado y que existía riesgo de fuga, al tratarse de un régimen que implicaba el retorno periódico al establecimiento penitenciario.

Ahora, con el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la libertad condicional y los informes favorables de los equipos técnicos, la Fiscalía centró su intervención en la imposición de medidas de control destinadas a garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas.

El caso de Ros Ramírez registra un antecedente de evasión que fue considerado durante el proceso de ejecución.

Luego de que su condena quedara firme en diciembre de 2017, el condenado abandonó el país para evitar su detención y permaneció prófugo durante más de cuatro años.

Finalmente fue localizado en la República Oriental del Uruguay, donde llevó adelante un proceso judicial para impedir su extradición. Tras agotarse esas instancias, fue trasladado a la Argentina para cumplir efectivamente la pena impuesta por la Justicia pampeana.

Agencia Santa Rosa