Tras el impasse generado por las elecciones en Estados Unidos, a las que viajó una comitiva de legisladores, y la visita del papa León XIV, las negociaciones entre el oficialismo y la oposición se reanudarán en los próximos días con el objetivo de superar las diferencias sobre el proyecto de gastos y recursos para el próximo año.

Los tiempos que tiene el oficialismo son exiguos porque el 20 de noviembre vence el plazo para firmar dictámenes, con lo cual tendrá que hacerlo hasta esa fecha si quiere tratarlo en sesiones ordinarias, ya que si no deberá hacerlo en sesiones extraordinarias que el Gobierno puede convocar desde el 1 de diciembre.

Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, los bloques que habitualmente respaldan al Gobierno se muestran más exigentes a la hora de acompañar la iniciativa oficial, que tiene como ejes centrales el equilibrio fiscal y el programa antiinflacionario.

A esto se suma el planteo de un grupo de gobernadores, que reclama la aprobación de otras iniciativas consideradas clave para las economías regionales.

Los bloques aliados sostienen que es posible atender sus pedidos y ponen el foco en la Jurisdicción 91, que cuenta con recursos por unos $14 billones sin una asignación específica, ya que está destinada a cubrir determinadas contingencias financieras.

En este contexto, el Gobierno ya descartó la posibilidad de tratar el Presupuesto el 18 de noviembre y apuesta a conseguir dictamen el 17  para llevarlo al recinto el 25, cinco días antes de que concluya el período de sesiones ordinarias.

Las negociaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto con el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch.

Los reclamos de los aliados

Los planteos de los bloques dialoguistas son diversos, pero coinciden en un punto central: reclaman una rebaja del Impuesto a los Combustibles.

El argumento es que la recaudación de ese tributo no se destina a los objetivos para los que fue creado, entre ellos el mantenimiento de las rutas nacionales y la asignación del 2,55% al Fondo Compensador del Transporte del Interior.

Además, los legisladores exigen garantizar los recursos para las prestaciones por discapacidad y aumentar las partidas destinadas a las universidades nacionales.

Los pedidos del PRO

El PRO busca garantizar los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, reducir del 21% al 10,5% la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados, y establecer un mecanismo que asegure el cumplimiento de los plazos y las tarifas de las obras públicas en las rutas nacionales.

Los pedidos de la UCR

La UCR reclama, al igual que otros bloques aliados, la eliminación de cuatro artículos del proyecto de Presupuesto vinculados con distintas áreas.

Otro de los puntos que sigue sin resolverse es el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto contempla $7,3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman elevar los recursos a $11 billones.

Los bloques provinciales

Los bloques provinciales tienen varios reclamos en común. Además de los subsidios para el transporte del interior, exigen que se avance con las obras públicas ya acordadas y que se incrementen los recursos destinados a compensar los déficits de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación.

Además, los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Salta, Gustavo Sáenz; de Jujuy, Carlos Sadir; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, exigen que se avance con el debate de la Ley de Biocombustibles, que quedó frenado la semana pasada por un reclamo de legisladores bonaerenses.