Todos los indicadores señalan que enfrentamos severas dificultades, por lo menos dos tercios de la sociedad, para alcanzar a llegar a fin de mes con los propios ingresos. Hoy se está logrando ese objetivo con la utilización de las tarjetas que suministran bancos y otros organismos de crédito que han encontrado una formidable “veta” en el uso de los “plásticos”, esencialmente porque una gran mayoría hace un largo tiempo viene excedido de sus posibilidades.

Según una de las tantas interpretaciones que los economistas y analistas le dan a la utilización de ese recurso, corresponde sea utilizada con un adecuado criterio y mesura, respondiendo a un porcentaje de sus ingresos, situación que le permitirá hacerle frente a los vencimientos que se operan en cada caso.

Como bien dice el refrán popular: “del dicho al hecho hay un enorme trecho”, y esto es uno de los aspectos fundamentales que está distorsionando la economía familiar. Las necesidades superan la posibilidad de responderle con recursos y necesariamente apelan al medio a su alcance para poder cubrirlas, fundamentalmente cuando son de características educativas, alimenticias o de salud.

Es aquí donde se están planteando las diferencias que hoy son motivo de entredichos, planteos y confrontaciones entre sectores patronales y empleados.

Pretender encontrar argumentos que respalden a uno u otro sector en pugna es una tarea infructuosa, dado que en una balanza bien equilibrada ambos tienen razón.

Un escenario de conflictos que hoy se está dando en todo el país, donde las circunstancias de una economía debilitada que no logra consolidarse por el contrario está en una grave caída, aparecen claramente enfrentadas: la realidad de un país al borde del colapso, una parte de la sociedad donde se establecen los que ya se cayeron por efecto de la decadente situación y otra que lucha denodadamente por el derecho que le asiste de estar remunerado acorde a las labores que cumple.

Nada fácil de resolver en el plazo inmediato, por el contrario -pese a los anuncios grandilocuentes de un oficialismo desmesuradamente optimista- nos enfrentamos a una realidad donde abundan los cierres comerciales, empresas que deciden achicar y otras que abandonan acosados por compromisos que no pueden enfrentar y en el otro lado los dolientes trabajadores que ven, algunos que se quedan sin nada y otros que, embarcados en las luchas gremialistas, pelean por mayor reconocimiento económico.

Un dilema que no se salva ni soluciona hablando. Dos posicionamientos atendibles, pero diametralmente opuestos. En estas condiciones arribar a conciliar realidad, necesidad y derechos es una verdadera utopía.

Nadie puede alegar que alguien tiene más razones que el otro. Son planos equidistantes, donde se plantean situaciones que contemplan parámetros muy diferenciados, que muestran dificultades reales para alcanzar acuerdos que dejen conformes a todas las partes.

Suena rudo, casi hasta una grosería, repetir la frase que incansablemente, desde hace dos años, nos reitera el presidente Javier Milei: “No hay plata”.

Ahora pongamos las cosas en su justo lugar: si el gobierno nacional para poder pagar algunos sueldos realmente muy importantes, viajar al exterior en misiones oficiales y/o privadas con dinero de todos los argentinos, nos dice que no hay “money”, y cierra áreas del gobierno, deja más de 70 mil empleados públicos en la calle para mantener el Superávit Fiscal o -déficit negativo- es evidente que algo está mal.

Se reitera y materializa el título que enfrenta: realidad ante los derechos.

Hoy, ese estado de enfrentamientos sociales se está dando en todo el país. Los Estados provinciales aseguran que, ante los efectos de los recortes sufridos en las partidas que debería enviar Nación, están imposibilitados de hacer frente a los reclamos del sector de trabajadores, representados por las mesas gremiales.

Del otro lado del mostrador están quienes claman porque se les reconozcan mayores ingresos a los efectos de hacer frente a los compromisos contraídos y a poder mantener una forma digna de vivir y responder a las exigencias de sus grupos familiares.

Antagonismo, que se viene agravando en los últimos dos años y que -según los planes de futuras desregulaciones y transformación de la estructura del Estado promete agravarse-, agrega severas dificultades a cualquier negociación, por más que existan corrientes de buena voluntad de las partes en litigio.

“La tensión entre ‘realidad versus derechos’ se refiere al desafío de que las normas y derechos legales (ideal) se adapten y se apliquen efectivamente a las complejidades y cambios constantes de la vida real (hechos), donde a menudo la realidad social (como la tecnología, nuevas familias) se adelanta al derecho o, por el contrario, éste no logra convertirse en derechos humanos potenciales en una universalidad real para todos, creando una brecha entre lo que es y lo que debería ser”.

“El derecho busca regular la realidad, pero ésta también moldea el derecho, y la implementación práctica de los mismos es un proceso continuo y a menudo incompleto”.

En síntesis, podría llegar presuponerse que dadas las circunstancias que rodean los reclamos y las respuestas no habría -por ahora- posibilidades concretas de acuerdo y persiste la amenaza explícita de mantenerse un conflicto que desconoce la realidad e impide darle solidez a los derechos.