La iniciativa, encabezada por los legisladores de Unión por la Patria Juan Marino y Germán Martínez, reúne adhesiones de bloques que van desde la izquierda hasta aliados ocasionales del oficialismo, y llega en un momento en que más de 200.000 personas aguardan el otorgamiento de una pensión por discapacidad.

La idea de ir a una sesión de emplazamientos está creciendo al mismo ritmo que crece la presentación de los proyectos de la oposición. En especial aquellos que se refieren al incremento en la morosidad de las familias.

En ese sentido los bloques opositores buscan encontrar una agenda conjunta que logre sacar del eje que hasta se mantiene que es la idea del oficialismo en la que sólo se tratan los proyectos que envía el Ejecutivo.

El texto del ley para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia nacional en discapacidad consta de tres artículos. El primero prorroga la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 con todos sus efectos, incluida la facultad del Jefe de Gabinete de realizar modificaciones presupuestarias sin reducir los créditos destinados a “Servicios Sociales”. El segundo establece que la ley entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y se aplica desde el 1º de enero de 2027. El tercero ordena su comunicación al Poder Ejecutivo.

El proyecto cuenta con las firmas de legisladores de ocho bloques: Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Innovación Federal, Defendamos Córdoba y Primero San Luis -Natalia de la Sota, Gisela Scaglia, Oscar Herrera Aguad, Nicolás del Caño, Pablo Juliano, Yolanda Vega, María Inés Zigarán, Victoria Tolosa Paz, Yamila Ruiz, Nicolás Massot, Maximiliano Ferraro, Martín Lousteau y Jorge Omar Fernández-.

El principal obstáculo para su avance es el dictamen en comisión: las tres comisiones a las que fue girado -Discapacidad, Salud y Presupuesto- están presididas por diputados de La Libertad Avanza. Si la presidencia de la comisión de Discapacidad, a cargo de Gerardo Huessen, no convoca a reunión, la oposición buscará votar un emplazamiento por mayoría simple en una sesión especial para forzar el tratamiento.

Los autores del proyecto argumentan que el historial de obstáculos que tuvo que pasar originalmente la ley aprobada que incluyó su judicialización para que pueda ser tratada; redujo la vigencia efectiva de la emergencia a una fracción del plazo que el Congreso le otorgó.