La situación del Frigorífico General Pico SA continúa ventilándose en los estrados judiciales de General Pico, donde se han producido situaciones que evidentemente profundizan las diferencias entre los grupos que tiene acciones en la tradicional empresa. Según trascendió, el Juez de Ejecución, Concursos y Quiebras de la Segunda Circunscripción Judicial, Carlos María Iglesias, habría decidido mantener al frente de la empresa a sus antiguos conductores, suspendiendo la asunción de las autoridades designadas en la Asamblea realizada en agosto.
Pese a los intentos realizados por periodistas de La Reforma, no fue posible confirmar oficialmente la versión, pero fuentes habitualmente bien informadas dejaron trascender una serie de episodios que estarían “documentados” y que no harían más que complejizar la situación.
Las personas consultadas por este medio aseguraron que Ernesto y Ala Lowenstein habrían cedido sus acciones a un “monotributista categoría C, de apellido Benito” trece días antes de presentarse en convocatoria de acreedores.
Como se informó oportunamente, el 14 de agosto se realizó una Asamblea de la que los Lowenstein se retiraron inmediatamente en la cual los que se definió como “la mayoría de los accionistas” designaron nuevas autoridades.
Ese mismo día, -según se supo- a las 21.09, el juez Iglesias suspendió “sin tener acta y sin contracautela” la asunción de esas “nuevas autoridades” dejando al frente de la empresa a quienes tenían su mandato vencido y son severamente cuestionados por el otro sector. Entre otras cosas, se los acusa de haber “prestado” más de 16 mil millones de pesos a una empresa de los Lowenstein (Land L) y el retiro de unos 2 mil millones de parte de los directores.
El fallo judicial dice textualmente que “las personas designadas como nuevas autoridades en la Asamblea General Ordinaria del 14 de agosto de 2026 deberán abstenerse, mientras se encuentre vigente la presente medida, de asumir actos de administración, representación o disposición patrimonial de Frigorífico General Pico SA que impliquen el desplazamiento de las autoridades actualmente reconocidas…”.
Hay que recordar también, que pocos días después de aquella Asamblea, el grupo “mayoritario” presentó una denuncia penal contra los administradores, acusándolos de los delitos de “administración fraudulenta” y “alteración de balances”, lo que motivó que el juez interviniente ordenara un allanamiento que se llevó a cabo en la planta que el frigorífico tiene en la localidad de Trenel donde, según trascendió, se habría secuestrado material que deberá ser analizado por el magistrado que entiende en la causa.
Escriba su comentario