La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó el lunes una acción judicial para frenar la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que la norma implica “una afectación grave de derechos colectivos e individuales” de los trabajadores. También denunció a la iniciativa "libertaria" la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE).
La central sindical sostiene que el proyecto vulnera garantías constitucionales y principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, en el marco de una jornada agitada, sumaron su respaldo a reclamos docentes, que realizaron un paro nacional por aumentos salariales.
La presentación fue realizada ante la Justicia laboral con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de la reforma aprobada por el Congreso.
Desde la conducción de la central obrera afirmaron que la iniciativa oficial representa un retroceso en materia de derechos laborales y contradice el principio de progresividad que rige en la legislación del trabajo.
En un comunicado, la CGT cuestionó lo que calificó como una “mal llamada modernización” del sistema laboral y alertó que los cambios propuestos implican un retroceso en conquistas históricas del movimiento obrero. Según el documento, las modificaciones afectan tanto derechos individuales como colectivos garantizados por la Constitución, en particular los vinculados al artículo 14 bis.
La central sindical también anticipó que continuará con su estrategia judicial y política para frenar la implementación de la reforma. Afirman que vulnera “el principio de progresividad (o no regresividad) y el principio protectorio del derecho del trabajo, ambos con fundamentos constitucionales e internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica”.
Primera denuncia colectiva
La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE) presentó una demanda colectiva ante la Justicia con el objetivo de que se declaren inválidos distintos artículos de la iniciativa impulsada por el Gobierno y sancionada el viernes pasado por el Senado, en el marco de las sesiones extraordinarias.
Desde la AGAE señalaron que varios puntos de la ley impactan de manera directa en derechos laborales consagrados constitucionalmente y en tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Por ese motivo, solicitaron que la Justicia revise la validez de esos artículos y eventualmente los declare inconstitucionales.
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