El abogado piquense Guillermo Allasia, en su carácter de apoderado de la mayoría accionaria de Frigorífico General Pico S.A., informó sobre algunos detalles de la compleja situación societaria que atraviesa la empresa que se encuentra en convocatoria de acreedores, saliendo al cruce de informaciones periodísticas que referían supuesta suspensión de dicha Asamblea a partir del retiro de algunas de las partes, en este caso, de los Lowenstein y el referido Benito.

“La Asamblea no fue suspendida. Lo que ocurrió fue que los anteriores accionistas minoritarios, los señores Lowenstein, quienes habían transferido recientemente la totalidad de sus acciones a un tercero, decidieron retirarse de la Asamblea junto al tercero (Benito), sus abogados y no participar del acto”, se expresó en un comunicado difundido en las últimas horas.

El mismo escrito sostiene que “existe una circunstancia temporal que resulta particularmente relevante: los señores Lowenstein transfirieron sus acciones a un tercero y, apenas 14 días después, se presentaron personalmente en concurso preventivo. Ahora, quienes anteriormente eran los accionistas minoritarios y el tercero que recibió las acciones decidieron retirarse conjuntamente de la Asamblea y no participar de ella”.

Añade que “cabe recordar que en asambleas anteriores, durante la presidencia de Lowenstein, se había impedido a los accionistas que representaban la mayoría del capital social ejercer su derecho de voto. Para esta Asamblea existía una medida judicial que impedía reiterar esa conducta y garantizaba el ejercicio de los derechos de los accionistas mayoritarios. Ante la imposibilidad de volver a excluir a la mayoría del ejercicio de sus derechos, los anteriores accionistas minoritarios optaron por retirarse”.

Sostiene el comunicado que “a su vez, el representante legal de los anteriores accionistas minoritarios retiró de la sala los libros societarios de la compañía, pese al pedido que debían dejarlos a disposición y encontrarse presentes los organismos de control”.

Allassia, quien representa al grupo al grupo “LTF Argentina S.R.L. y a un accionista minoritario”, sostuvo que “conjuntamente componen el 50,17% del capital social” y que ellos “decidieron continuar con la Asamblea, con la presencia de dos inspectores de Personas Jurídicas de La Pampa, una veedora del tribunal concursal y un escribano público. La Asamblea continuó normalmente y se trataron todos los puntos del orden del día para los cuales había sido convocada. Entre ellos, se resolvió la renovación de autoridades y la designación de un nuevo presidente al frente de Frigorífico General Pico S.A”.

Explicó que “el acto fue cerrado y documentado ante escribano público, con la presencia de los funcionarios de Personas Jurídicas y de la veedora judicial. Por lo tanto, no resulta correcto afirmar que la Asamblea fue suspendida. La Asamblea se celebró, se trataron los puntos del orden del día y se adoptaron las correspondientes decisiones societarias”.

“Desde LTF Argentina S.R.L. y un accionista minoritario queremos, asimismo, transmitir tranquilidad a toda la comunidad de General Pico y de la región. Estamos trabajando fuertemente para que Frigorífico General Pico vuelva a funcionar con normalidad, preservar y sostener las fuentes de trabajo y recuperar progresivamente la actividad de la empresa”, destacó el letrado.

El informe culmina diciendo que “nuestro objetivo es que el frigorífico vuelva a desarrollar plenamente su actividad, dando estabilidad a sus trabajadores, tranquilidad a sus familias y previsibilidad a toda la comunidad que depende directa o indirectamente de su funcionamiento”.

Diferencias que tienen su historia

Las diferencias entre los grupos accionarios del Frigorífico General Pico se pusieron de manifiesto públicamente el abril de éste año, cuando a través de un comunicado Ernesto “Tito” Lowenstein y Alan Lowenstein, manifestaron que “lamentablemente, un determinado grupo financiero que reviste simultáneamente la condición de accionista y acreedor ha obstaculizado de manera reiterada las distintas alternativas presentadas por la empresa para asegurar la continuidad de la operación, priorizando el recupero de su crédito y contrariando el interés social”.

Sobre la posible venta de la empresa que se analizó en aquel momento dijeron que “incluyeron propuestas de terceros que contemplaban esquemas de explotación de la planta en el largo plazo, incluyendo una alternativa cercana a los U$D 40 millones mediante un esquema de leasing a ocho años, así como también ofertas de resolución inmediata de contado. Ninguna de estas fue aceptada por dicho grupo, que tampoco presentó propuestas superadoras, lo que fue limitando las posibilidades de alcanzar una solución sin intervención judicial». añadieron.

Aseguraron que “dicho grupo no sólo contó en todo momento con acceso pleno y permanente a la información financiera y operativa de la compañía, sino que además estuvo involucrado en el análisis de las distintas alternativas. En este contexto, y con el objetivo de blindar de la mejor manera posible la continuidad de la empresa, preservar las fuentes de trabajo y encauzar de forma ordenada su situación financiera, Frigorífico General Pico S.A. se ha visto obligado a iniciar el proceso de concurso preventivo de acreedores, conforme a lo previsto por la legislación vigente”.

En diálogo con La Reforma, Allassia manifestó que al grupo que representa se le negó sistemáticamente cualquier información vinculada con la empresa, incluidos los balances, explicando que en un par de asambleas el voto del grupo no fue considerado, lo que ciertas determinaciones las adoptó el grupo mayoritario.

Aseguró que legalmente no hay dudas sobre quiénes son los accionistas mayoritarios “porque eso ni siquiera fue puesto en discusión. El argumento para no contar el voto fue un supuesto conflicto de interés, que es inexistente”.

Sobre ese “socio mayoritario” explicó que “nunca tuvo participación ni en la administración, ni en el directorio, por lo tanto, no tenía ningún tipo de información”, pero dejó claro que “ésta gente lo que quiere es que el Frigorífico siga funcionando, mantener los puestos de trabajo y que los acreedores cobren”.

“Las irregularidades de los Lowenstein fueron muchas. Por ejemplo, se presentaron en convocatoria de acreedores sin hacer una Asamblea, que se hizo con posterioridad. Allí mis clientes votaron favorablemente, porque era la mejor forma de solucionar el problema”, remarcó el abogado, quien indicó que “ellos instalaron en que eran los buenos y mis clientes los malos, pero no es así”.

Aseguró además “mis clientes, además de solicitar en reiteradas oportunidades la documentación contable, también se requirió que se convoque a Asamblea porque los mandatos estaban vencidos y había que elegir nuevas autoridades, pero ellos –los Lowenstein- siempre la patearon para adelante y nunca la convocaron”.