La causa investiga un hecho ocurrido el 30 de noviembre de 2024, cuando la exfuncionaria habría utilizado sin autorización una tarjeta alimentaria perteneciente a Solange Paula Guajardo para realizar una compra de frutas por $27.570 en el comercio Almacén El Negrito, de esa localidad.
El debate se desarrolla ante el juez Carlos Federico Pellegrino, con la intervención de los fiscales Matías Juan y Armando Agüero, junto a Luciana Grossi. También participan las querellas, representadas por María Carina Errecoundo, en nombre de la damnificada, y Emiliano Esbona, por la Municipalidad de Santa Isabel. La defensa está a cargo del abogado Eduardo Martínez.
Durante los alegatos de apertura, la Fiscalía sostuvo que Fernández habría aprovechado su función y su responsabilidad en la administración y distribución de las tarjetas alimentarias del programa provincial Pilquén para acceder al beneficio y utilizar fondos destinados a otra persona. Por su parte, la querella de Guajardo señaló que la beneficiaria nunca recibió la tarjeta y que el presunto uso irregular la privó de recursos destinados a la alimentación de su familia. La representación municipal adhirió a la acusación y también anticipó que buscará demostrar la responsabilidad de la exfuncionaria.
En contraposición, el abogado Eduardo Martínez cuestionó la acusación y sostuvo que la investigación preparatoria presentó deficiencias y falta de objetividad. Entre otros puntos, planteó que no se describió concretamente cuál habría sido el engaño utilizado para configurar el delito de fraude.
Además, señaló que la Fiscalía deberá demostrar que Fernández realizó personalmente la compra, que utilizó la tarjeta sin autorización y que existió una maniobra engañosa que provocó un perjuicio económico a la administración pública.
El defensor también puso en duda el valor del testimonio de quien sería la única persona que habría presenciado la operación comercial y cuestionó que su declaración se tomara un año y ocho meses después del hecho.
Finalmente, adelantó que solicitará la absolución de su representada, al considerar que las pruebas no alcanzarán para superar el estándar de duda razonable necesario para una condena.
De esta manera, quedaron planteadas las posiciones de las partes al inicio del debate. La producción de pruebas y las declaraciones testimoniales permitirán avanzar en el esclarecimiento del hecho y determinar la eventual responsabilidad penal de la exfuncionaria.
Escriba su comentario