La Justicia de General Pico formalizó el lunes una investigación penal contra dos efectivos policiales acusados de sustraer un gato hidráulico de la gomería Cattaleya. Se trata del sargento Hugo Alejandro Muñoz y del cabo primero Luis Alberto Medrano Lino, quienes fueron imputados por hurto simple agravado por la condición de miembros de una fuerza policial, en calidad de coautores.

La audiencia se desarrolló en el Palacio de Tribunales, donde el fiscal Matías Juan expuso las circunstancias del hecho, registrado durante la madrugada del 14 de octubre. Según la acusación, los uniformados se encontraban en funciones cuando arribaron al comercio ubicado en calle 29, entre 14 y 16, a bordo de una camioneta Chevrolet S10 del Comando Radioeléctrico, identificada como móvil 2441.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que, con el motor apagado y las balizas encendidas, cargaron en el patrullero un crique hidráulico rojo, herramienta de trabajo del propietario del establecimiento, y se retiraron del lugar.

Durante la audiencia, ambos policías reconocieron haber levantado el elemento de la vereda, pero negaron haber tenido intención de robarlo. Según explicaron, consideraron que estaba abandonado y que buscaban ponerlo a resguardo para evitar que alguien se lo llevara.

De acuerdo con la versión expuesta por la defensa, Muñoz, por ser el efectivo de mayor jerarquía, habría ordenado a Medrano cargar la herramienta. Sin embargo, ninguno informó lo sucedido a sus superiores ni dejó constancia del supuesto hallazgo en el parte de servicio.

Los imputados señalaron que luego se dirigieron a la casa del hermano de Muñoz, quien también trabaja como gomero, para llevarle cigarrillos. En ese momento, habrían recibido una comunicación radial para brindar apoyo ante una situación en el barrio Ranqueles.

Ante la urgencia, decidieron bajar el gato hidráulico y dejarlo en la vereda de la vivienda, situada a unas dos cuadras del Comando, para evitar que golpeara los vidrios del móvil. Según su relato, después no regresaron a buscarlo porque estaban cansados, se olvidaron de la herramienta y finalizaron el turno a las 7 de la mañana sin volver a ocuparse del asunto.

El elemento, cuyo valor fue estimado en casi tres millones de pesos, pudo ser recuperado horas después mediante un allanamiento, a partir de los datos aportados por los propios efectivos tras ser identificados.

Una visita que derivó en una restricción

Otro de los puntos abordados durante la audiencia fue un episodio ocurrido el jueves posterior a la presentación de la denuncia. Según expuso el fiscal, los dos policías se presentaron en el domicilio del damnificado, Luis Alberto Miranda, nuevamente uniformados y a bordo del mismo patrullero.

Los efectivos manifestaron que habían acudido para pedirle disculpas por lo ocurrido. No obstante, Miranda habría interpretado la visita como una forma de presión, especialmente después de que el caso adquiriera repercusión pública.

Ante esa situación, el Ministerio Público Fiscal solicitó una medida para evitar posibles interferencias en la investigación. El juez Gilardenghi hizo lugar al planteo y dispuso que ambos imputados tienen prohibido mantener contacto, comunicarse o acercarse al damnificado y a su domicilio mientras avance el proceso judicial.

En cuanto a la estrategia defensiva, la defensa oficial planteó una calificación alternativa más leve: apropiación de cosas por error, una figura que contempla únicamente una pena de multa.

Además, el magistrado resolvió separar las defensas de los acusados debido a sus diferentes jerarquías y a las posibles responsabilidades vinculadas con las órdenes impartidas. De esta manera, la defensora oficial Soledad Forte continuará representando a Medrano, mientras que Walter Vaccaro asumirá la defensa de Muñoz.

Por último, el Ministerio Público Fiscal informó que remitirá las declaraciones y la totalidad del legajo a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de La Pampa. El organismo deberá evaluar las posibles responsabilidades administrativas y el incumplimiento de los protocolos policiales, aspectos que, según se indicó durante la audiencia, también fueron reconocidos por la defensa.

Cabe destacar, que ambos imputados continúan operativos dentro de la fuerza, donde fueron reubicados en otras dependencias mientras continúan la investigación. El cabo primero Lino Medrano fue destinado a la Comisaría Tercera, mientras que el sargento Hugo Muñoz pasó a la Alcaidía de la URII. Dicha situación generó cierta disconformidad entre la comunidad y despertó críticas sobre la decisión de la Jefatura de Policía.