El entendimiento se selló durante una reunión previa a la asamblea extraordinaria convocada por el propio Schmidt y fue oficializado mediante un comunicado difundido por la organización sindical.

Como parte del acuerdo, se dejaron sin efecto las suspensiones que pesaban sobre Héctor Aníbal Schmidt (secretario general), Felipe Alberto Irusta (secretario adjunto), Hugo Alberto Giménez (secretario gremial), Guillermo Carlos Bueno (secretario de Acción Social) y Ernesto Andrés Rivera (secretario de Actas). También quedaron anuladas las asambleas extraordinarias previstas para los días 16 y 25 de julio.

El punto central del pacto es que Schmidt tomará licencia a partir del 1 de agosto y permanecerá apartado hasta el final de su mandato, previsto para comienzos de 2027. En su reemplazo asumirá la conducción Felipe Irusta, quien tendrá la responsabilidad de conducir el sindicato y encabezar el proceso de normalización de la delegación regional de OSPIDA, que abarca La Pampa, Neuquén y Río Negro.

La crisis se desató luego de que Schmidt fuera expulsado de la Federación Argentina de Trabajadores de Imprentas, Diarios y Afines (FATIDA) y posteriormente suspendido por integrantes de su propia conducción. El conflicto derivó en una denuncia penal por presunta malversación de fondos superior a los 301 millones de pesos, a partir del supuesto desvío de recursos de la obra social nacional para afrontar gastos salariales del sindicato regional. A esa investigación se agregan otros 295 millones de pesos en erogaciones de OSPIDA que, según la denuncia, carecerían de respaldo documental.

Schmidt rechazó las acusaciones y sostuvo que los fondos fueron destinados al funcionamiento de la delegación sindical. Sin embargo, el sector que impulsó su apartamiento lo responsabiliza además por el bloqueo de las cuentas bancarias, situación que habría derivado en la interrupción de las prestaciones médicas.

Como consecuencia de esa crisis, OSPIDA mantiene suspendida la atención sanitaria desde marzo para alrededor de 7.000 afiliados pampeanos y acumula una deuda cercana a los 1.200 millones de pesos con el sistema público de salud provincial por prestaciones hospitalarias impagas.

La situación también afecta a los trabajadores del sindicato y de la propia obra social, quienes llevan tres meses sin cobrar sus salarios. A ello se suman denuncias sobre una presunta recaudación informal de coseguros en efectivo que habría sido administrada un hijo del dirigente.

Con el acuerdo alcanzado, ambas partes resolvieron dejar atrás las diferencias internas para intentar recuperar el funcionamiento institucional del sindicato y, principalmente, restablecer la cobertura médica de miles de afiliados que permanecen sin prestaciones desde hace varios meses. La principal expectativa ahora está puesta en las medidas que adopte la nueva conducción para normalizar la situación financiera y operativa de OSPIDA.

Agencia Santa Rosa