La audiencia estuvo encabezada por la jueza de control Ana Laura Ruffini y contó con la participación del fiscal Matías Juan, el imputado y su abogado defensor, Martín Herrero Galvagno.

Según explicó el fiscal, los hechos investigados se habrían registrado entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 y estarían relacionados con la faena y comercialización de carne sin las habilitaciones sanitarias correspondientes. La hipótesis fiscal sostiene que la mercadería era faenada en galpones ubicados cerca del ferrocarril de Monte Nievas y posteriormente comercializada a través de la carnicería Los Mostaza, además de ser distribuida hacia otras localidades pampeanas.

La Fiscalía incorporó informes de la Dirección de Ganadería y SENASA, que habrían detectado distintas irregularidades sanitarias y bromatológicas. Entre los antecedentes mencionados figuran procedimientos realizados el 18 de agosto en Speluzzi y el 21 de agosto en Eduardo Castex, donde se habrían detectado vehículos que trasladaban carne sin las habilitaciones correspondientes.

Uno de los principales elementos de la investigación surgió durante el allanamiento realizado el 25 de agosto. Según el fiscal, se constataron graves deficiencias de higiene y conservación, presencia de roedores y situaciones de contaminación cruzada. También se habría encontrado una vaca muerta sobre una camioneta, próxima al sector donde se realizaban tareas de faena y embolsado de carne.

Juan sostuvo que estas condiciones podrían representar un riesgo para la salud pública y mencionó enfermedades como leptospirosis, brucelosis, tuberculosis bovina y triquinosis.

Otro aspecto bajo investigación es la utilización de sellos que, según SENASA, no coincidirían con los modelos oficiales. Durante el procedimiento también se habrían secuestrado elementos que podrían haber sido utilizados para colocarlos sobre las medias reses y aparentar que la carne había atravesado controles sanitarios.

La causa fue encuadrada en delitos contra la salud pública, contemplados en los artículos 201 y 206 del Código Penal, con penas que pueden alcanzar los diez años de prisión.

El fiscal también señaló que Mostaza posee una condena de ejecución condicional dictada en 2022, por lo que una eventual nueva condena podría ser de cumplimiento efectivo.

Durante la audiencia, la Fiscalía no solicitó medidas de coerción y la investigación continuará con el análisis de la prueba reunida. El fiscal Juan anticipó que, por las características del caso, el proceso podría avanzar hacia un juicio oral durante el próximo año.