La decisión modifica la medida cautelar que había dispuesto el juez de Control Alejandro Gilardenghi durante la audiencia de formalización realizada el 27 de julio. En aquella oportunidad, el magistrado había ordenado dos meses de prisión preventiva para Gonzalo Torres y el mismo plazo de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico para Arhes, al considerar que la situación procesal de ambos debía analizarse de manera individual y valorando, entre otros aspectos, que este último no registraba antecedentes penales.

Sin embargo, el abogado querellante Jerónimo Altamirano impugnó esa resolución al sostener que la prisión domiciliaria no garantizaba adecuadamente los fines del proceso. El planteo fue finalmente aceptado por el Tribunal de Impugnación, que entendió que persistían riesgos procesales suficientes para ordenar que el acusado continúe detenido en una dependencia policial o unidad de detención.

Tras conocerse el fallo, Altamirano señaló que el Tribunal compartió los argumentos expuestos por la querella y consideró que la falta de antecedentes penales no alcanzaba para descartar un eventual riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga.

Según explicó el letrado, entre los elementos que fueron valorados durante la investigación figuran el cambio de vestimenta del autor material dentro de la vivienda, la desaparición de la bolsa con la que ingresó al domicilio, la ausencia de registros de cámaras de seguridad en la casa de otro de los imputados, la demora en la entrega del vehículo presuntamente utilizado y el hecho de que el dinero sustraído aún no haya sido recuperado.

Altamirano confirmó además que la resolución comenzó a ejecutarse de manera inmediata y que Arhes ya fue trasladado desde su domicilio para cumplir prisión preventiva en una dependencia policial de General Pico.

La investigación continúa

Mientras avanza la causa, la querella sostiene que las pruebas reunidas hasta el momento consolidan la acusación contra los imputados. No obstante, todavía restan medidas probatorias consideradas relevantes para el expediente.

Entre ellas se encuentra la apertura y el análisis de los teléfonos celulares secuestrados, tarea para la cual la querella evalúa incorporar un perito informático de parte con el objetivo de recuperar mensajes o llamadas eliminadas que puedan aportar nuevos elementos a la investigación. Además, está prevista la incorporación de nuevos testimonios.

Respecto de una eventual salida alternativa al juicio, Altamirano consideró que actualmente esa posibilidad no aparece como viable, ya que cualquier acuerdo requiere, entre otros requisitos, la reparación del daño ocasionado, además del consentimiento de la víctima y del Ministerio Público Fiscal.

Por otra parte, el abogado hizo referencia a la situación de la única imputada que permanece en libertad. Según la hipótesis de la querella, la mujer habría tenido un papel relevante en la maniobra investigada al retirar a la víctima de su domicilio aprovechando la relación laboral que mantenía con ella, circunstancia que, según la acusación, facilitó la concreción del millonario hurto.

Con la resolución del Tribunal de Impugnación Penal, la situación procesal de Claudio Arhes quedó equiparada a la de Gonzalo Torres y la de Mauricio Iván Bajo, mientras la investigación continúa con nuevas medidas destinadas a esclarecer por completo el robo de los 250.000 dólares y determinar las responsabilidades de todos los involucrados.