A esto se sumará un combo de dos proyectos que piden los gobernadores para fondear de manera automática a los distritos y se insistirá en norma vetada de ayuda tras el trágico temporal en Bahía Blanca.
De esta manera el Ejecutivo, que rechaza el fin del superávit fiscal, definirá en los próximos días y, ante eventuales sanciones, cuáles de ellas anulará. También se agregaría una declaración del pleno sobre el caso YPF.
Sin un plan de Labor consumado, la cita a ciegas al recinto será todo un desafío para las bancadas: se impondrá quien tenga el número. El problema está en que en algunas de las iniciativas hay diferencias no menores entre el kirchnerismo y los “dialoguistas”, lo que podría trabar la discusión in situ de las iniciativas en juego. O podrían regresar, en segunda revisión, a Diputados.
Además, el pleno tendrá que validar o no los dictámenes de los primeros tres textos -jubilaciones, discapacidad y moratoria- que las autoridades desconocieron por violar el reglamento. Esta cuestión tendrá que ser considerada por la oposición, ante potenciales impugnaciones judiciales por no seguir un trámite adecuado.