El Senado de Bolivia aprobó un proyecto para eliminar la Ley de Estado de Excepción, una normativa vigente desde 2020 que fijaba condiciones, plazos y mecanismos de control para que el Gobierno pudiera aplicar medidas extraordinarias ante situaciones de crisis.

La norma ahora deberá pasar a la Cámara de Diputados. Si recibe luz verde, el Ejecutivo quedará con menos restricciones legales para implementar medidas excepcionales en un contexto marcado por protestas que ya llevan semanas afectando el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos en distintas regiones del país.

La ley aprobada en 2020 establecía procedimientos específicos para declarar un estado de excepción. Entre otros puntos, obligaba al Gobierno a justificar las medidas adoptadas, fijaba límites temporales y habilitaba mecanismos de supervisión legislativa sobre las decisiones del Poder Ejecutivo, incluyendo la eventual participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.

La derogación fue impulsada mientras distintos sectores presionan al Gobierno para endurecer su respuesta frente a los bloqueos. En las últimas semanas, organizaciones empresariales, dirigentes regionales y grupos cívicos reclamaron la aplicación de medidas más severas para liberar las rutas tomadas por sindicatos, movimientos campesinos y sectores afines al ex presidente Evo Morales.

El Comité pro Santa Cruz, uno de los espacios cívicos más influyentes del país, pidió públicamente que Paz declare un “estado de excepción sectorizado” para restablecer la circulación y garantizar el suministro en las principales ciudades. Desde el oficialismo sostienen que la situación actual amenaza el funcionamiento económico y la estabilidad institucional.

Sin embargo, organizaciones sociales y sindicatos que participan de las protestas advirtieron que una medida de ese tipo podría agravar el conflicto y derivar en nuevos episodios de violencia. Los grupos movilizados acusan al Gobierno de intentar criminalizar las protestas y responsabilizan al Ejecutivo por el deterioro de la situación social y económica.

Frente al agravamiento de la crisis, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias difundieron un pronunciamiento conjunto reclamando el cese inmediato de la violencia y la apertura de un canal de diálogo entre las partes.