Se están preparando las “trincheras”, ajustando los planes y elaborando estrategias de concertación “contrarreloj” para alcanzar, a partir del martes, inicio del periodo de extraordinarias legislativas, la aprobación los proyectos que manda el Poder Ejecutivo.
Algunos de los temas son realmente urticantes, atento a que de cumplimentarse, en alguna medida, afectará al sector empresario, a los sindicatos y empleados y marcará el rumbo de una nueva legislación.
Los trascendidos marcan claramente que, si bien se han procurado acuerdos a través de negociaciones, las partes involucradas en las normas legales a tratar tienen una gran incertidumbre por los resultados.
El gobierno de Javier Milei hoy se encuentra empoderado legislativamente y en la medida que avanzan las horas sus planteos a futuro estarán sustentados en un poder, del que hasta ahora, había carecido.
Las leyes que deberán estar en la mesa de discusión en esta primera etapa son: Presupuesto, Ley de Glaciares, ley de principio de inocencia fiscal y las reformas impositiva y del Código Penal, que tendrán entrada por Diputados; mientras que la reforma laboral ingresará por el terreno que busca marcar Patricia Bullrich, como jefa del bloque de LLA, en el Senado de la Nación.
Existe un marco de consentimiento previo para algunos de los puntos más álgidos a darle tratamiento, atento a los acuerdos llegados con gobernadores, no todos,pero en su mayoría, que hicieron de la práctica negociadora un ida y vuelta.
Un caso similar está ocurriendo -a puertas cerradas- con las negociaciones que desde La Rosada se sigue con la actual cúpula cegetista, que ya habría logrado avances positivos para su sector, contrariando los deseos de un empresariado que alienta una reforma laboral integral, donde se contemplen no solo las seguridades del trabajador sino se tome en cuenta la incidencia económica que el cumplimiento de determinados y muy puntuales aspectos de la ley actual entrañan para la pequeña y mediana empresa.
El mundo del trabajo está inmerso en un profundo cambio, los países europeos son una demostración clara en donde se materializan los intereses de las partes para alcanzar un funcionamiento ordenado y coherente.
Hoy, en Argentina, el esquema indemnizatorio sumado a la conformación de un escenario que resulta propicio para aquello que se ha llamado “la industria del juicio”, conspira con los planes que alienta el gobierno nacional de proporcionar los medios para que se produzca el crecimiento del empleo en blanco y disminuya hasta desaparecer la ocupación en negro, o aquella establecida a través del monotributo, como una forma de acceder al empleo sin que que resulte un contrapeso para el empleador.
Un tema controvertido lo constituye el Presupuesto 2026, del cual se desprenden los mecanismos de la economía del próximo año y cómo responderá a las necesidades de los Estados Provinciales que hoy están reclamando recuperar fondos que, durante los dos primeros años de Gobierno, recortó el Estado en busca de lograr el Superávit Fiscal y poder alcanzar el Déficit negativo.
A costo de eliminar partidas, achicar instituciones autárquicas que dependían del aporte de Nación, reducir institutos de investigación como el Conicet, Inta, Inti y cercenar los recursos Universitarios, pudo obtener los dos objetivos y mantenerlos, hasta ahora.
Cabe señalar que achicando notoriamente el sistema previsional, ajustando a los jubilados, rompiendo con la prebenda y la intermediación social, vulnerando principios básicos de humanitarismo como la atención de la Discapacidad a través de la Andis y afectar el sistema de salud cuando resolvieron ir contra el Hospital Garrahan, entre otros mecanismos que surgieron del proceso de Desregulación y Transformación del Estado, pudieron mostrar los “logros pirros”.
Triunfos que se obtuvieron a un costo tan desastroso para el vencedor que resultan en una pérdida estratégica, dejando al ganador debilitado o incapacitado.
Hoy el panorama está en un escenario que una parte de la sociedad apoyó, en una muestra del otorgamiento de una nueva oportunidad, desechando volver atrás y mostrando optimismo, una renovada esperanza en que el cambio se producirá, tal como lo anuncia reiteradamente el presidente libertario Javier Milei.
El nuevo panorama que se ofrece para este mes de diciembre, a diferencia de otros años, marcará un camino y en muchos casos sus posibles radicales cambios y resultancias.
Ya no dependerá -tal vez- de tener los votos ni el quórum, sino en las reacciones sociales que podrían suceder de establecerse normas que puedan afectar al empleo y el empresariado de las Pymes que hoy se debate frente a una competencia generada en la importación liberada, que ingresa al mercado argentino en mejores condiciones que la industrialización local.
Por un lado, el optimismo oficial, por otro, el pesimismo de quienes ven en riesgo sus emprendimientos y muchos sus actuales lugares de trabajo. A este panorama se suma la angustiante situación de una economía que sigue sin cerrar con déficit reales en reservas y con escasas posibilidades de recuperar los fondos ante la ausencia de inversiones que se mantienen expectantes hasta que el mercado les indique positivamente que el país es seguro.
Como nunca, diciembre será un mes movido y de no encontrarse salidas a los reclamos sociales, surgidos de las entrevistas con gobernadores, estamos frente a un volcán que ha comenzado a evidenciar puede erupcionar en cualquier momento, poniendo en riesgo la paz ciudadana.
El juego está por comenzar. Hoy nadie puede asegurar las respuestas.



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