LUNES 08 de Junio de 2026
 
 
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Previendo un salto exportador de US$4.000 millones 

El Gobierno introdujo un marco normativo al mercado de semillas

El Gobierno nacional implementó un nuevo protocolo para la protección de la propiedad de semillas en el país y proyecta un incremento en las exportaciones de más de US$4.000 millones anuales.

La medida, que busca fortalecer la propiedad intelectual en el agro, está dirigida a controlar la identidad varietal de los granos en el primer punto de entrega, con el objetivo de garantizar los derechos de los obtentores de variedades vegetales.

La normativa introducida por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, mediante la Resolución Conjunta 3/2026, publicada el lunes en el Boletín Oficial, se ampara en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas Nº 20.247.

En los considerandos de la resolución, el Ejecutivo sostuvo que el control de la identidad varietal sobre el grano es un mecanismo fundamental para asegurar que se cumplan los derechos de propiedad intelectual de los desarrolladores de tecnología en especies de reproducción autógama.

En este sentido, explicó que “el significativo avance de la tecnología aplicada a la verificación de la identidad varietal de semillas permite actualmente determinar dicha identidad en plazos considerablemente reducidos”, asegurando que dota de mayor “solidez probatoria” a las actuaciones administrativas ante presuntas infracciones.

Al anunciar la implementación del nuevo protocolo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó que “cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas”.

Asimismo, remarcó que “gracias a esta actualización, se estima un incremento en las exportaciones en más de 4.000 millones de dólares anuales”, en un posteo compartido en su cuenta de la red social X.

Claves del nuevo protocolo

La resolución detalla los pasos y requisitos para el funcionamiento de este sistema de control:

Puntos de entrega: todos los establecimientos que operen como primer punto de entrega de granos deben estar registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

Toma de muestras: el procedimiento debe realizarse según las normas de calidad y muestreo vigentes. Además, los responsables de los establecimientos pueden suscribir acuerdos con entidades privadas para financiar y coordinar la entrega de las muestras.

Análisis privado: solo las Cámaras Arbitrales o entidades privadas que tengan convenios con el INASE estarán habilitadas para realizar los análisis de identidad, utilizando métodos oficialmente reconocidos.

Notificación simultánea: una vez realizado el análisis, los resultados deberán enviarse “inmediata y simultáneamente” tanto al titular de la variedad (el obtentor) como al titular de la muestra (el agricultor o remitente).

En cuanto a la gestión de las muestras, la norma dispuso que la porción analizada y una “muestra de respaldo” deben conservarse cerradas y rotuladas por 60 días corridos desde la emisión del certificado.

En dicho plazo, el titular de la variedad podrá presentar una denuncia ante el INASE si detecta irregularidades. En ese caso, se suspende la destrucción de la muestra y debe ser remitida al organismo oficial para dar curso a las acciones sumarias correspondientes.

El protocolo comenzará a aplicarse a los cultivares que se inscriban en los registros nacionales a partir de la publicación de esta resolución. Aquellos que no cumplan con lo dispuesto se enfrentarán a las sanciones previstas en el Artículo 38 de la Ley de Semillas, que incluyen multas y otras penalidades administrativas.

Previsibilidad

La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) celebró la oficialización del nuevo protocolo destinado a realizar controles de identidad varietal en granos. No obstante, la entidad aclaró que la disposición funciona como un paso inicial para brindar previsibilidad y reactivar inversiones, pero no constituye una solución definitiva al problema de fondo.

El director ejecutivo de la ASA, Alfredo Paseyro, precisó que la resolución no altera las prácticas operativas actuales de los productores, ya que le otorga un marco institucional formal a un esquema de validación que el sector privado ya implementa desde hace una década mediante contratos individuales.
 

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