JUEVES 23 de Abril de 2026
 
 
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El Gobierno envió al Congreso la reforma electoral

El Gobierno nacional presentó este miércoles el proyecto de ley para tratar la reforma electoral en la Cámara de Senadores. 

El escrito ingresó a las 18 horas en la Cámara Alta y cuenta con un total de 79 artículos. Allí se presentan las reformas para la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, el Código Electoral Nacional y la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, entre otras normas vinculadas al ámbito electoral.

Desde la Oficina del Presidente expresaron que el proyecto busca “corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar”.

“Es por esto que la reforma plantea la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), un experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de ‘internas abiertas’, que solo en 2023 le costaron a los argentinos $45.000 millones y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante. De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos”, agregaron.

En tanto, sostuvieron que el proyecto eleva los “pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería, con el fin de terminar con el régimen de los ‘sellos de goma’, que hacen de cada elección un negocio”.

“Además, esta reforma buscará transparentar el financiamiento de los partidos políticos. Hoy se calcula que solo el 10% del dinero que financia campañas electorales está registrado; el otro 90% es ‘plata negra‘ que muchas veces viene de actividades ilícitas”, acotaron. 

Y completaron: “No menos importante, este proyecto incorpora la Ficha Limpia. Las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no podrán presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública. No es una idea radical: es la decencia mínima que se le pide a una democracia”. 

 

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