El caso comenzó cuando desde la Procuración empezaron a darse cuenta de que parte de las estrategias jurídicas que analizaba la República parecían ser anticipadas por los poderosos bufetes de abogados que litigan contra la Argentina.
Por ahora, el Gobierno justificó los despidos en el marco de una “reestructuración que responde a una mayor eficiencia del organismo”.
Pero la preocupación en la Casa Rosada es mayúscula, ya que este mega juicio llevó a la controversial jueza de Nueva York Loretta Preska a condenar a la Argentina a pagarle USD 16.100 millones a los fondos buitres, un monto inédito en la historia de los litigios de este tipo.
Ahora, los abogados del Estado argentino intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina, que pretende que la República entregue el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.
Hasta ahora, la Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, no confirmó las versiones que circularon durante la jornada entre funcionarios de la Casa Rosada sobre supuestas filtraciones. Solo informaron los cambios en la estructura del organismo encabezado por Santiago Castro Videla.
Fuentes oficiales admitieron a Noticias Argentinas que existe malestar en el presidente Javier Milei por la estrategia que llevó adelante la Procuración del Tesoro en este juicio sin precedentes.
En el Ministerio de Economía y otras dependencias oficiales también consideran probable que haya habido filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial argentina.
Se sospecha que esas supuestas filtraciones pudieron haber beneficiado al polémico fondo buitre Burford -especialista en este tipo de litigios-, que encabeza la demanda contra la Argentina por la polémica estatización de YPF, en 2013.
En el marco del achique de personal, la Procuración reducirá sus Direcciones Nacionales de seis a cuatro, y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela. Además, se anunciaron nuevas desvinculaciones de personal, que acumulan a más de 60 funcionarios del organismo desde el inicio de la gestión Milei.