Hemos paneado por las interpretaciones que realizan jurisconsultos especializados en la materia, a los efectos de encontrar explicación a ciertos comportamientos que, se nos ocurrían, transitan por normativas personales, cuando existen ordenamientos constitucionales o de orden jurídico que marcan donde finalizan.

El presidente libertario Javier Milei tiene un concepto del alcance del poder que detenta: abierto, sin limitaciones que, de existir, él ha buscado cómo sortear las dificultades que le plantea tener que ajustarse a normas establecidas.

En el caso que nos ocupa hoy, es el roce que han sufrido las relaciones presidenciales con la presidenta del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, que se niega a seguir sumisamente dictados presidenciales que no se sustentan en el ejercicio del poder presidencial.

La interna que hoy agita las filas libertarias está llegando a niveles impensados, más allá de acciones que forzadamente se toman cuando los objetivos pueden generar mayor malestar.

Aprovechando ese quebranto, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, encontró una brecha para colarse y mostrar que, si bien puede ser motivo de discusión la potestad presidencial y sus límites, la otra “biblioteca” sostiene que una vez enviados los pliegos que otorgan el visto bueno a nuevas autoridades judiciales, resorte que ejerce el Poder Ejecutivo, pasa a ser parte de los cuerpos legislativos a quienes corresponde.

Según las definiciones que hemos podido rescatar: “Sí, en la práctica política de Argentina el Poder Ejecutivo puede solicitar el retiro de los pliegos de jueces una vez enviados al Senado y antes de su votación definitiva. Sin embargo, constitucionalmente es un tema de gran debate, ya que existen posturas legales que consideran este acto inconstitucional”.

Según la norma, la facultad del Senado está dada en que: “Una vez que el pliego ingresa a la Cámara Alta, solo puede ser retirado formalmente si el pleno de los senadores somete el pedido a votación y lo aprueba por mayoría simple”. Suceso que hasta el presente no se ha registrado.

Especialistas en derecho constitucional argumentan que, una vez ejercida la facultad de elegir a un candidato y enviarlo al Congreso, el Poder Ejecutivo agota su potestad y el Senado es el único órgano con competencia para aprobarlo o rechazarlo.

Pero, pese a las objeciones jurídicas, distintos gobiernos han utilizado esta maniobra política para frenar designaciones, un mecanismo que suele generar fuertes fricciones internas en el cuerpo legislativo; un suceso deformante que desconoce y desvirtúa, conceptualmente, el alcance de la Carta Magna.

El sistema adolece de una estructura sólida que impida estos excesos que, normalmente, obedecen a decisiones antojadizas que responden a cuestiones de orden personal o político.

En este caso, todo está centrado en la exigencia de Karina Milei, por considerar que no pueden darle el cargo a una pariente del periodista e investigador Alconada Mon, con quien mantienen diferencias respecto a situaciones inherentes a disfuncionalidades que se han producido en el staff gubernamental, que el citado ha sacado a relucir en publicaciones realizadas en el medio capitalino La Nación.

En un nuevo conflicto de poderes, la Casa Rosada pidió retrotraer el pliego de una candidata, marcando un episodio que señala que Javier Milei pretende hacer valer el cargo presidencial para determinar las acciones que responden a lineamientos institucionales que, al intentar desconocerlos, se procede en un marco de exceso que está deformando el sentido natural que emerge del ejercicio de la Democracia.

La mayoría de los constitucionalistas coinciden en que la pretensión de Javier Milei de concentrar y ejercer el poder a través de Decretos u otros mecanismos gubernamentales como los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y la delegación legislativa, representa un desafío a la división de poderes y al sistema republicano establecido en la Constitución Nacional.

Es una discusión que se ha planteado en diversas ocasiones y los resultados de quienes sostienen posicionamientos contrarios al ejercido por el presidente libertario, han resultado negativos o aún están en el plano del análisis judicial.

Este suceso se suma a la serie de dificultades que enfrentan los hermanos Milei cuando pretenden imponer sus criterios, más allá de que les señalen que están equivocados.

Todo señala que el internismo libertario está en pleno apogeo. Funcionarios del área de seguridad que respondían a la ex ministra Patricia Bullrich, han decidido alejarse de los cargos que desempeñaban.

El bloque de senadores que preside la ex funcionaria, tantas veces elogiada por el presidente Milei, está al borde de quebrarse y eso genera muchas dificultades para el gobierno que tiene en tratamiento varias leyes que le interesa tengan votos positivos.

Nada ni nadie puede estar por encima de las leyes vigentes, por más poder que se adjudique.

El poder tiende a corromper. El poder absoluto desintegra el sistema y hoy estamos en ese camino.