El operativo se desarrolló alrededor de las 18:30 del martes, en la estación de servicio Shell ubicada en el cruce de las rutas nacionales 188 y 35, donde personal policial detuvo la marcha de dos camionetas Volkswagen Amarok que circulaban de este a oeste transportando distintos implementos agrícolas.

Según la información, el convoy estaba compuesto por dos plataformas agrícolas —una marca New Holland y otra John Deere—, además de una casilla agrícola sin identificación visible, una cisterna amarilla marca El Crespín y otro carro de doble eje que también trasladaba una cisterna cargada.

Durante la inspección, los efectivos constataron múltiples infracciones vinculadas a la seguridad vial. Entre ellas, la ausencia de señalización reglamentaria, un carro que circulaba sin iluminación y una de las camionetas que llevaba tres enganches simultáneamente, una maniobra prohibida por la normativa de Vialidad Nacional.

La situación se agravó aún más cuando los policías detectaron que uno de los vehículos era conducido por el hijo menor de edad del responsable del convoy.

Al solicitar la documentación obligatoria, el contratista no pudo acreditar licencias de conducir, seguros, ni papeles correspondientes a los vehículos y maquinarias transportadas.

Según lo trascendido, en medio de las actuaciones policiales, el hombre comenzó a insinuar la posibilidad de “arreglar” la situación, iniciando así el primero de tres intentos de cohecho hacia el personal policial.

El segundo episodio ocurrió minutos después, cuando arribó al lugar el comisario inspector José María Córdoba. Allí, el infractor volvió a insistir con ofrecimientos vinculados a dinero mediante comentarios y gestos, aunque nuevamente la propuesta fue rechazada y se le advirtió sobre las consecuencias penales de su conducta.

Pese a ello, el contratista continuó entorpeciendo el procedimiento. Según se indicó, se negó a mover parte de las unidades y desobedeció las órdenes impartidas por los efectivos que trabajaban en el operativo.

Finalmente, cuando intervino el subcomisario Martín Tachini, el hombre realizó un tercer intento de soborno. Ese episodio terminó por definir su inmediata detención en el lugar.

La Fiscalía General de General Pico, a cargo del doctor Matías Juan, dispuso su imputación por los delitos de cohecho y desobediencia a la autoridad, además del secuestro de todos los vehículos y maquinarias involucradas.

Si bien recuperó la libertad durante la madrugada del miércoles, la devolución de los rodados quedó condicionada a la regularización total de las infracciones detectadas.

Horas más tarde, y tras la intervención de la fiscal sustituta María Pía Collazo, el contratista logró presentar la documentación requerida y avanzar con los trámites para recuperar los equipos retenidos.

Para ello, debió abonar multas en el Juzgado de Faltas local, contratar carretones provenientes de la provincia de Buenos Aires para trasladar legalmente la maquinaria, gestionar seguros obligatorios y obtener los permisos viales exigidos para circular.