La presentación, impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, advierte por delito de malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes y el desvío de 400.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos (ICL): por ley, lo recaudado tiene como finalidad única el mantenimiento y desarrollo de la red vial federal, pero en cambio se utilizó para especular con títulos públicos.

De acuerdo con el texto judicial publicado por el diario Página/12, la red troncal nacional se encuentra en estado de abandono como consecuencia de la ausencia de planes de inversión de corto y mediano plazo en infraestructura vial.

El argumento central de la acusación penal radica en la retención indebida de partidas con asignación específica. Según lo establecido por la Ley 23.966, el 28,58 por ciento de la recaudación total del Impuesto a los Combustibles Líquidos debe transferirse de forma automática al fideicomiso destinado a la infraestructura del transporte terrestre de toda la Argentina: Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal.

Sin embargo, la denuncia detalla que el Palacio de Hacienda retuvo cerca de 400.000 millones de pesos durante los ejercicios fiscales correspondientes a los períodos recientes. Dichas partidas habrían sido desviadas hacia la compra de instrumentos de financiamiento, tales como letras y bonos emitidos de forma regular para sostener las cuentas del Tesoro nacional.

Como resultado directo de la maniobra, el organismo arrastra una deuda interna equivalente al 90 por ciento de todo el presupuesto anual que le fuera aprobado, afectando “el funcionamiento operativo, técnico y patrimonial del organismo”, afirma el documento que elevó el sindicato. Profesionales de la entidad ponen la alerta sobre que “esta parálisis administrativa induce una quiebra técnica”.

El desvío de recursos no representa una optimización de gastos, sino una descapitalización. La ingeniería civil vial estipula que cada unidad monetaria que deja de invertirse en tareas urgentes de conservación preventiva, mantenimiento de banquinas, sellado y bacheo asfáltico, demandará en el corto plazo un gasto de entre cuatro y diez veces superior (medido en dólares) para reconstruir la estructura de la calzada una vez que el pavimento colapse. Lo que da cuenta, dice la presentación, del perjuicio patrimonial neto generado contra los bienes públicos.

“El ministro Caputo ha retenido y desviado estos fondos con origen presupuestario, del fideicomiso vial (impuesto al combustible y tasa vial), financiamiento externo perdido por ausencia de ejecución, con destino hacia el Tesoro Nacional desconociendo la aplicación de los mismos, pero con indicios graves y concordantes que su uso no ha sido previsto en el presupuesto general de la Nación (..)”, detalla la denuncia, según publicó el diario Página/12.

“El Ministro Sturzenegger ha falseado los informes de gestión de la Dirección Nacional de Vialidad para sostener el desmembramiento institucional que ha venido ejecutando desde el año 2024, diezmando a la repartición de personal técnico altamente capacitado transformando en inútil un organismo con casi 100 años de vida para así poder justificar su plan de achicamiento desmedido en servicio de los privados”, sostiene la presentación según señaló el diario Página/12.