Agencia Santa Rosa - De acuerdo con el trabajo, los decesos se produjeron en 13 de las 29 unidades de alojamiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF): 5 muertes en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) I de Ezeiza; 3 en el CPF II de Marcos Paz y en la Unidad 34 Campo de Mayo; 2 en el CPF VII exUnidad 31 de Ezeiza; 1 en el CPF de Devoto, en el CPF III de Salta, en el CPF IV de Mujeres de Ezeiza, en el CPF VI de Mendoza, en el CPF de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, en la Unidad 11 - Colonia Penal de Chaco, en la Unidad15 de Santa Cruz, en la Unidad 30 de Jóvenes Adultos de La Pampa y Unidad 4 - Colonia Penal de La Pampa.
En cuanto a la situación procesal de los reclusos fallecidos, el informe señala que el 68% (15 casos) correspondió a personas que cumplían condena firme, mientras que los restantes tenían prisión preventiva.
Del total de 22 muertes, 16 fueron no traumáticas, 3 fueron calificadas como traumáticas y las restantes 3 no fueron encuadradas en una categoría por no contarse con información suficiente para ello, detalla la PROCUVIN.
En relación al perfil de las personas fallecidas, el trabajo ofrece el siguiente desglose: “21 varones y 1 mujer. 1 una persona de nacionalidad extranjera: un joven chileno de 21 años alojado en el Complejo de Jóvenes Adultos de Marcos Paz, que falleció como consecuencia de quemaduras”; en tanto que “el promedio etario de las personas fallecidas es de 54 años, mientras que en los casos de muertes violentas desciende a 23 y en los no traumáticos alcanza los 63 años”.
La PROCUVIN especificó que, en el período sometido a estudio, presentó una denuncia por el caso de un hombre cuyo fallecimiento fue consecuencia del avance de la enfermedad de Hopkins. Explicó que esa presentación tiene como fin establecer si la muerte pudo haber sido consecuencia de condiciones inadecuadas de la privación de libertad y, específicamente, si el enfermo obtuvo tratamiento médico adecuado y cuál fue su evolución.
La fiscalía especializada indicó en el informe que impulsa el inicio de investigaciones en los casos de muertes no traumáticas (en general por padecimientos de salud) en que no se haya verificado una intervención anterior del sistema penal.

Evolución en la última década

El reporte pone en contexto los datos actuales con la evolución de la serie estadística anual de muertes en la última década. Detalla que, mientras en 2015 alcanzó los 40 casos; en 2016 se registraron 36; en 2017 y en 2018, 41; en 2019 trepó a 50; en 2020 -en contexto de pandemia- creció aún más, a 58; en 2021 se registraron 43; en 2022, 42; en 2023, 30; y en 2024, 40.
La procuraduría especializada pone de relieve el “registro inusual” de 2023, donde los casos descendieron a 30 y luego tuvieron un incremento del 33,3% en 2024, cuando llegaron a 40, y sostiene que el registro del año pasado retomó la tendencia observada en 2021 y 2022, que tuvieron 43 y 42 fallecimientos respectivamente.