El informe de CEPA continene los siguiente puntos:

1) Desfinanciamiento de la Educación Técnica Profesional:

El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP) sufrirá en 2026 un recorte histórico: el presupuesto proyectado implica una caída acumulada del 93% respecto a lo ejecutado en 2023, de 62% contra el ejecutado 2024 y de 67% contra el ejecutado 2025.

Además, el propio proyecto de presupuesto 2026 (artículo 30), que obtuvo medio sanción en la Cámara de Diputados, busca directamente eliminar el Fondo, creado por la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional (art. 52) para garantizar el financiamiento y el fortalecimiento de las instituciones de Educación Técnico Profesional. La norma establece que este fondo debe recibir, como mínimo, el 0,2% de los Ingresos Corrientes del Presupuesto Anual Consolidado del Sector Público Nacional.

Lejos de cumplir con la ley, la asignación viene desplomándose desde que asumió Milei. En 2023 se ejecutó el 50,5% de lo que correspondía, en 2024 apenas 9,4%, en 2025 10,8% y, para 2026, el proyecto reduce la cifra a un ínfimo 3,5%.

En los hechos, incluso si no logra derogarlo por ley, el gobierno está vaciando el Fondo y desfinanciando a las escuelas técnicas, con el objetivo de suprimirlo en la práctica.

Vale detenerse en el artículo 30 del proyecto de Presupuesto 2026. Este elimina pilares estratégicos para el desarrollo nacional. Deroga la garantía del 6% del PBI para educación establecida en la Ley de Educación Nacional, anula la senda de inversión progresiva en ciencia y tecnología que debía alcanzar el 1% del PBI y como fue mencionado, suprime el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas.

Además, desmantela la programación de inversiones en defensa nacional al eliminar el FONDEF, que fijaba su financiamiento en el 0,8% de los ingresos corrientes previstos para 2026.

2) Desfinanciamiento de la Educación y la Ciencia y la Tecnología:

El ajuste en la educación técnico-profesional se inscribe en un recorte presupuestario mucho más amplio. La Función Educación y Cultura presenta una caída real del 47,3% en el Presupuesto 2026 respecto de lo efectivamente ejecutado en 2023.

La misma suerte corren las universidades nacionales, cuyo presupuesto muestra una caída real del 33,8% contra el ejecutado 2023, profundizando el ajuste en todo el sistema educativo.

A esa situación se suma un hecho de enorme gravedad institucional. El 20 de octubre se dictó el Decreto 759/2025, que promulgó la insistida Ley 27.795 sobre financiamiento universitario. El decreto -firmado también por la ministra Pettovello- sostiene en sus fundamentos que, "por imperio de lo previsto en el artículo 5º de la Ley 24.629, se suspende su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".

En los hechos, el Poder Ejecutivo fijó por decreto la suspensión de una ley, un acto abiertamente inconstitucional y contrario al esquema básico de división de funciones en una república. Más aún, no existe argumento válido para proceder de ese modo. La propia ley promulgada, en su artículo 9, habilita al Poder Ejecutivo a disponer los créditos presupuestarios necesarios para ejecutar sus disposiciones.
El impacto no se limita a las instituciones universitarias. Los programas de transferencias directas a estudiantes -como las Becas Estudiantiles- acumulan una caída real del 76,6% respecto de 2023.

El ajuste también alcanzó a la función de Ciencia, Tecnología e Innovación, que sufrió un recorte del 48,8% en términos reales frente al presupuesto ejecutado en 2023.