“Nos acercamos a la fecha de celebración del Día del Abogado y la carrera de Abogacía en la UNLPam se encuentra en un momento muy positivo, luego de haber acreditado por seis años la carrera y en ese sentido estamos trabajando fuerte en la consolidación del nuevo plan de estudio, que implicó la reforma de la acreditación, y seguimos avanzando con los posgrados vinculados al área de las ciencias jurídicas, esto es tanto la Maestría en Derecho Civil como la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal”, describió. 

Sumó que este año se inició el Doctorado en Derecho, “que es muy importante para completar el ciclo de la oferta de posgrados que hacemos desde la Facultad”. 

“Este es un año muy particular -reconoció- porque arrancamos el año de manera muy complicada desde lo presupuestario, en un primer momento vinculado a los gastos de funcionamiento, con un período muy importante de visibilización y protestas con paros y clases públicas, y con el cierre de la marcha del 23 de abril, que fue una marcha histórica en la provincia y el país, y que será histórica para el sistema universitario nacional”. 

En ese camino, el Decano sostuvo que encauzado el tema de los gastos de funcionamiento, al legitimarse al reclamo de las universidades, “la situación sigue siendo compleja en la Facultad en general y que afecta a la carrera de Abogacía, porque en este momento el problema radica en los salarios de todo el personal vinculado al sistema universitario”.

Remarcó que docentes y nodocentes no han visto actualizados sus salarios al mismo ritmo que la inflación, “por lo que ya lleva una desactualización superior al 50 por ciento”, y agregó que el segundo cuatrimestre “comenzó de manera compleja, con paros” por esta situación, dejando en claro que la realidad financiera para el funcionamiento como el tema de los sueldos, “nos afecta en todo sentido”. 

Extensión e investigación

Explicó que afecta “el ritmo de toda la Facultad, tanto en clases, extensión como investigación”, más allá de lo cual sostuvo que se sigue trabajando en los consultorios de orientación jurídica y en el Observatorio de Derechos Humanos.

Sobre los consultorios destacó que se reactivó uno en General Pico y se sumó otro en General Acha, en tanto que dos más podrían abrirse en otras localidades de la provincia. Marull indicó que mucha gente concurre a estos consultorios, que son de orientación jurídica, “donde lo que buscamos es darle la información a esa gente para que pueda recurrir a los lugares que corresponda”.

En cuando a investigación, describió, “estamos trabajando muy fuerte, con muchos proyectos en funcionamiento, uno de ellos, por ejemplo, está vinculado al tema juicios por jurados (ver recuadro) por encargo de un diputado (Hernán Pérez Araujo) para presentar en la Legislatura Provincial”. 

Preocupación y esperanza

El Decano insistió respecto a la preocupación que existe ante la cuestión salarial docentes y nodocentes, pero dijo estar “entusiasmado y esperanzado por la media sanción que salió en diputados de la ley de financiamiento del sistema universitario, con un hecho político muy importante, porque fue aprobada por una mayoría transversal, es decir de distintas fuerzas políticas, por lo que esperamos desde las universidades que sea aprobada por el Senado y posteriormente sea promulgada por el presidente de la Nación”.

Marull destacó la magnitud de la marcha de abril en defensa de la universidad pública -se está programando otra para septiembre- y en ese sentido afirmó que “es un reconocimiento muy importante al sistema universitario, y la tranquilidad de que a lo que nosotros nos parece, la sociedad lo comparte, y es que existe un consenso generalizado respecto a la importancia del sistema universitario”.

Enfatizó que ese reconocimiento es al mismo tiempo “una responsabilidad como sistema universitario”, destacando que la universidad pública “para nuestro país es sumamente importante, porque por un lado sigue siendo la universidad pública una esperanza de ascenso social real, concreto y palpable, eso desde lo individual; y desde lo colectivo porque la universidad sigue siendo la herramienta de desarrollo nacional, para pensar ese desarrollo de país, para acompañar a los gobiernos nacional, provinciales y municipales, como también al sector productivo”. 

“Creo que una responsabilidad de la Universidad es también darle contenido a esa resistencia (plasmada en la marcha) porque claramente creo que hay una decisión política de desfinanciar al sistema universitario, y eso claramente persigue objetivos políticos, por lo cual creo que el sistema universitario debe seguir oponiendo resistencia a esa decisión, y lo tiene que hacer cumpliendo las funciones que debe cumplir: formando a los futuros profesionales, investigando y haciendo extensión”.

Matrícula

Este año, la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas tuvo 268 inscriptos en Abogacía y 309 en Procuración, en tanto que el total de estudiantes de la carrera de Abogacía son casi 1500, y unos 800 en Procuración. En 2024 fueron 41 los graduados como abogados y 20 en Procuración.

Juicios por jurados, una mirada positiva

Francisco Marull destacó entre los proyectos de investigación, el trabajo entregado al diputado justicialista Hernán Pérez Araujo referido a la implementación de los juicios por jurados. 

El Decano explicó a este diario que en once provincias se aprobó el sistema de juicios por jurados, en tanto que en nueve de ellas ya se están desarrollando juicios con esta modalidad, entre ellas todas las provincias vecinas, salvo San Luis. 

Enfatizó que “los resultados que se han obtenido en esas provincias han sido sumamente positivos, desde dos puntos de vista: por un lado a la idea con la que se queda la gente que participa como jurado, respecto a la justicia, es decir, se va con una valoración mucho más alta de la justicia; y por otro, respecto a cómo la sociedad reacciona a las decisiones que toman los jurados”.

En este sentido sostuvo que “las decisiones que toman los jurados son recibidas por la sociedad de manera mucho más positiva que respecto a aquellas que toman los jueces profesionales”.

“Recordemos -dijo- que el sentido de un sistema de justicia es lograr pacificar los conflictos. La justicia tradicional no lo está logrando. Si uno mira los casos más paradigmáticos en los últimos años, pasa la sentencia y la gente sigue con el mismo nivel de conflictividad, (en tanto que) las decisiones que toman los jurados logran aquello que se busca con el sistema de justicia”. 

Explicó que hay dos sistemas de juicios por jurados, uno (el europeo) como el implementado en Córdoba, integrado por ocho jueces ciudadanos y tres jueces profesionales, que debaten de manera conjunta el veredicto; y el otro es el sistema de jurado tradicional, integrado por doce ciudadanos que debaten el veredicto en absoluto secreto. Hay, también, distintos sistemas de mayorías. Además, se busca garantizar la paridad de género, contemplando la incorporación de personas transgénero. 

La idea en general, dependiendo de la legislación, es que los juicios por jurados se apliquen en los casos más graves, pero también puede ser que la intervención de los juicios por jurados sea para delitos con determinadas penas, esto es en cantidad de años. 

Agencia Santa Rosa