La Comisión de Peticiones se reunió para tratar dos mensajes del Poder Ejecutivo. El primero de ellos solicita acuerdo para designar como titular en el Juzgado de Control de la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en 25 de Mayo, a la abogada Daniela Johana Martínez. El mismo obtuvo dictamen favorable por la mayoría, mientras que la minoría emitió un segundo dictamen y fijará posición en el recinto.
Martínez, abogada y escribana pública nacional, repasó en su exposición su experiencia en el Poder Judicial de La Rioja. Ingresó al Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores por concurso: “Fue una experiencia muy positiva porque pudimos diseñar y cambiar un poquito la perspectiva de lo que se venía haciendo en los juzgados de instrucción, ya con una mirada de género”. Luego, se desempeñó como secretaria en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, donde tuvo a su cargo personal administrativo, organización de debates y visitas a cárceles. “En ese rol me tocó estar a cargo de personal por primera vez, de organizar debates, de hacer y organizar las visitas de cárceles”, detalló.
El mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como jueza de Control de la Primera Circunscripción Judicial a la abogada María Elena Gregoire consiguió dictamen favorable por la mayoría.
Además de su título de abogada, Gregoire es magister en Ciencias Penales y ha realizado múltiples capacitaciones a lo largo de su carrera. “Siempre he hecho capacitaciones vinculadas a reformas penales y a derechos humanos, porque son necesarias para sostener y actualizar mis dos desempeños laborales”, destacó.
Legislación social

Más temas en tratamiento

A su turno, en la comisión de legislación social y salud pública, presidida por la diputada Laura Trapaglia, las y los legisladores emitieron dictámenes respecto a 5 proyectos de resolución.
Con la aprobación mayoritaria de quienes representan a los bloques UCR, PRO-MID y Comunidad Organizada, y la postura de fijar posición en el recinto, durante su tratamiento, expresada por las y los diputados del FreJuPa, hubo sendos dictámenes para las iniciativas referidas a:
Solicitud al Poder Ejecutivo para que informe sobre cuestiones relacionadas con la ejecución de programas, anunciados en la página oficial del Ministerio de Desarrollo Social, Dirección de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar de La Pampa. “La contundencia de los números estadísticos, tanto nacionales como provinciales registrados nos alerta acerca de la importancia de cumplir con los objetivos del sistema normativo y, en especial, con la ley 24.417. Para esta evaluación necesitamos los datos oficiales al respecto”, sostiene en los fundamentos la diputada Romina Mota.
Solicitud al Poder Ejecutivo Provincial para que informe respecto a los medicamentos que se encuentran en cuarentena, los riesgos que esto conlleva y cuál es la fiscalización que hacen de los mismos. Esta iniciativa es producto de la unificación de proyectos presentados en el mismo sentido por los diputados Lucas Lazaric y Gisela Cuadrado.
Solicitud al Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de La Pampa, para que informe sobre las supervisiones realizadas en el marco del art. 27 inc e) de la Ley Provincial Nº 2703. “Resulta indispensable que esta Legislatura tenga acceso al detalle de las intervenciones y supervisiones realizadas por el órgano y el resultado de las mismas” dijo la diputada Gisela Cuadrado en sus fundamentos.
Solicitud al Ministerio de Salud para que informe sobre las medidas que ha adoptado la Provincia de La Pampa en cumplimiento del fallo de la Cámara Civil de Apelaciones de Santa Rosa de agosto de 2021, “que dictó la responsabilidad del Estado provincial, no ante el suicidio en sí de un paciente, sino por la omisión en el cumplimiento de sus deberes legales como organizador y rector del sistema de salud mental. La sentencia expuso la inexistencia de un registro oficial y actualizado de dispositivos habilitados para tal fin, muchos de los cuales continúan recibiendo derivaciones judiciales, hospitalarias o policiales sin contar con la debida autorización, evaluación técnica ni supervisión permanente por parte de los organismos competentes. Tal omisión no sólo compromete la legalidad del funcionamiento de estos espacios, sino que pone en riesgo directo los derechos fundamentales de las personas allí internadas”, según lo expresó la diputada Cuadrado.
Mientras tanto, un dictamen unánime, aconsejando su aprobación, acordaron diputados y diputadas, respecto al proyecto mediante el cual se les solicita a los legisladores nacionales por la provincia de La Pampa, la urgente declaración de la Emergencia Pública en Salud Mental y Adicciones.

Plenario

Se conformó un plenario de las comisiones de Legislación General y Legislación Social, presididas por Liliana Robledo y Laura Trapaglia, respectivamente, y obtuvo dictamen favorable por unanimidad el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se establece en tres años el requisito de “tiempo de permanencia en cada grado”, con aplicación exclusiva a las y los agentes egresados de la carrera de “Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana orientada a la Formación Policial”.
Fueron invitados para brindar sus aportes el subsecretario de Formación y de Servicios de Seguridad Privada, Marcos Luis Cernivelli; el director general de Justicia, Marcos Augusto González; y el jefe de la Policía de La Pampa, Claudio Cano.
Cernivelli explicó que la propuesta apunta a corregir una situación generada a partir de un decreto emitido en 2011, que extendió de dos a tres años la duración de una etapa formativa en la carrera policial. Esta modificación -aclaró- produjo un efecto concreto en los oficiales egresados a partir de esa fecha: al completar los 30 años de servicio, que representan el tiempo habitual para el retiro, no logran acceder al grado superior de comisario general.
“El problema es que quienes egresaron antes de 2011 llegan a esa instancia con 29 años de carrera, por lo que tienen margen para acceder al grado más alto. En cambio, los egresados posteriores llegan con 30 años cumplidos y ya sin posibilidad de ascenso”, indicó. Y añadió: “Lo que se busca es garantizar igualdad de condiciones para todos los oficiales, sin importar el año en que hayan egresado”.
Además del criterio de equidad, Cernivelli destacó que la iniciativa también responde a una necesidad institucional: “Si esta situación no se corrige, va a llegar un momento en que la institución policial se quedará sin comisarios generales en condiciones de asumir ese rol”.
Por otra parte, señaló que el proyecto también contempla adelantar el curso de ascenso previsto para los oficiales principales que buscan acceder a los grados superiores. “La formación es un requisito clave para el ascenso. Actualmente, ese curso está previsto para 2027. Lo que se propone es adelantarlo a 2026, para que puedan estar en condiciones de ascender dentro de los plazos necesarios”, explicó.