Una década después, el debate ha cambiado de naturaleza. Ya no gira únicamente en torno a cómo debe ser una etiqueta. La pregunta que empieza a instalarse entre responsables políticos, investigadores y parte de la comunidad científica es otra: ¿puede una etiqueta modificar una crisis alimentaria impulsada por factores económicos, sociales y culturales mucho más profundos?

La cuestión no es menor. América Latina continúa registrando algunas de las tasas de sobrepeso y obesidad más elevadas del mundo, mientras los sistemas de etiquetado frontal siguen expandiéndose. La coexistencia de ambos fenómenos ha llevado a numerosos expertos a advertir que las expectativas depositadas sobre esta herramienta probablemente fueron mayores que su capacidad real de transformación.

El caso chileno ilustra mejor que ningún otro esa tensión. Presentado durante años como referente internacional, el sistema de etiquetado nutricional implantado en el país en 2016, ha sido en teoría, uno de los más estrictos. Sin embargo, la obesidad continúa representando uno de los principales problemas de salud pública del país, alimentando un debate sobre el alcance de una política enfocada principalmente en informar al consumidor. El éxito del objetivo de impulsar a los consumidores a realizar compras más saludables, aún es difícil de medir.

Argentina atraviesa ahora una discusión similar desde otro ángulo. La propuesta del Gobierno para modificar el actual régimen de etiquetado volvió a poner sobre la mesa las limitaciones técnicas del modelo vigente y abrió un enfrentamiento entre autoridades, especialistas y organizaciones sanitarias. Incluso voces favorables al etiquetado han reconocido que determinados criterios pueden generar situaciones difíciles de interpretar para los consumidores, especialmente cuando alimentos con perfiles nutricionales distintos reciben advertencias similares o cuando productos reformulados obtienen resultados inesperados. Esto, sin contar además, que el etiquetado ha convertido el supermercado en una marea de paquetes con sellos negros. Estos ya forman parte del paisaje y no quedan casi productos sin etiquetar, lo que hace que el sistema pierda sentido.

Ese debate coincide con una realidad que atraviesa prácticamente toda la región: la obesidad continúa creciendo mientras la inseguridad alimentaria también aumenta. La paradoja resulta cada vez más evidente. Millones de familias tienen acceso a suficientes calorías, pero encuentran crecientes dificultades para acceder de forma sostenida a alimentos frescos, variados y de calidad. Comer ha dejado de ser sinónimo de alimentarse bien.

Del otro lado del Atlántico, España ofrece una perspectiva complementaria. El país ha protagonizado uno de los debates más intensos de Europa sobre el papel del etiquetado nutricional. En concreto, del modelo francés Nutri Score. Un semáforo que combina letras y colores para clasificar a los productos alimenticios en una escala que va del “más saludable” al menos. Dichas clasificaciones son el resultado del cálculo que realiza un algoritmo, considerado el corazón del Nutri-Score, pero también su principal limitación. La revisión periódica de su algoritmo ha reabierto críticas relacionadas con la falta de evidencia científica que respalde su accionar.

Reducir la discusión a la utilidad de una etiqueta puede ocultar problemas mucho más determinantes. La inflación alimentaria, el aumento del precio de frutas, verduras y proteínas de calidad, la pérdida de poder adquisitivo y las desigualdades sociales condicionan las decisiones de compra mucho antes de que el consumidor llegue a leer el frontal de un envase.

Los datos sobre obesidad infantil apuntan en esa dirección. En España, más de dos millones de menores presentan exceso de peso, pero la incidencia no se distribuye de manera uniforme. Los porcentajes aumentan significativamente entre los hogares con menores ingresos, donde el coste de una alimentación saludable, el tiempo disponible para cocinar y el entorno alimentario condicionan las posibilidades reales de elegir.

La experiencia latinoamericana parece reforzar esa idea. Numerosos investigadores sostienen que esperar que el etiquetado nutricional revierta por sí sola una epidemia construida durante décadas supone atribuirle una capacidad que ninguna política aislada ha demostrado tener.

Quizá esa sea la principal lección que deja una década de políticas de etiquetado frontal. No porque informar al consumidor sea irrelevante, sino porque la obesidad responde a causas mucho más complejas que una decisión individual frente a un supermercado. El precio de los alimentos, la disponibilidad de productos saludables, la desigualdad, la publicidad, el entorno urbano y las condiciones de vida siguen pesando mucho más que cualquier sello impreso sobre un envase. El verdadero debate ya no consiste en decidir qué etiqueta colocar en los alimentos, sino qué modelo alimentario quieren construir las sociedades para las próximas generaciones