Tras un año y meses de gobierno libertario se han generado muchos escenarios conflictivos imponiéndose, con la fuerza que otorga el poder absoluto del presidente Javier Milei, un programa de gobierno donde no existe espacio para el error, solamente tiene vigencia la victoria a cualquier precio.
Todos o una gran parte de la ciudadanía están transitando un momento de angustia y zozobra, en razón de los quebrantos que se producen tanto en el terreno laboral como en la subsistencia familiar, atento a los recortes que se realizan y que hacen blanco, no solo en estructuras, sino en las personas que hasta ese momento se desempeñaban laboralmente y pasan a ser nuevos desempleados.
Parecía feliz el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando anunciaba cambios en el área de Cultura y un fuerte recorte del 40% en la estructura de Derechos Humanos. Destacando... que, hasta el momento, la gestión de Javier Milei “eliminó 200 áreas, 10 ministerios y 45.000 contratos se dieron de baja”.
Se lo veía exultante al referirse al tema que sacude, y muy mal, a un sector de la comunidad que, hasta ese momento, tenía medianamente asegurada sus necesidades básicas.
En la habitual conferencia de prensa que realiza el mencionado funcionario manifestó que: “La secretaría de Derechos Humanos será convertida en una subsecretaría. De esta manera se recorta un 40% de la estructura y un 30% del personal; eso implica un ahorro de nueve mil millones de pesos anuales. La cartera ahora sí se encargará de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario”.
No es nada nuevo ni debería sorprender, porque esto estaba contemplado en la Ley Bases original y que fuera “podada”, lo dijimos en aquella oportunidad y lo reiteramos hoy, inútilmente, dado que le otorgaron las Facultades Delegadas por un tiempo determinado, el suficiente para que arrasen con todo aquello que les permita alcanzar Superávit Fiscal y Déficit cero.
También el vocero Adorni dio a conocer aspectos de las modificaciones de la reglamentación del derecho de huelga que contempla el decreto 340, que obliga a los gremios que protesten a garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%.
Un mazazo a toda la dirigencia obrera, en tanto procede a ponerle límites, mediante un Decreto presidencial, a un derecho que está consagrado en el Art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional.
Pareciera constituir un rebrote de la ofensiva que el presidente Milei lleva a cabo respondiendo a las normas que plantea el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En los momentos en que dieron rienda suelta a la euforia triunfalista, dejaron saber que tenían 40 días para terminar con el plan programado, atento a las prerrogativas que surgen de las Facultades Delegadas.
Si bien la decisión del Gobierno es para Daniel Funes de Rioja, ex titular de la UIA y abogado laboralista, que también aporta su experiencia como representante del sector empleador en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acertada, según sus palabras: “Estoy a favor de la juridicidad del decreto porque no establece una prohibición del derecho de huelga, sino una forma de ejercitar los límites y alcances a los efectos de no afectar el interés general”.
El gobierno acaba de tirar un bidón de nafta a una incipiente fogata que amenazaba con extinguirse en el ámbito de la CGT. La reacción fue inmediata y en estas horas se están realizando reuniones de diferente naturaleza, algunas legales para plantear ante la Justicia un medida cautelar que ponga un freno a la decisión gubernamental, mientras otros sectores procuran arribar a una negociación que flexibilice el decreto 340.
Este no es el único escenario de conflicto que enfrenta el “ganador” Javier Milei. La quita de aranceles a determinados productos de importación, entre ellos la de teléfonos celulares, generó una reacción en cadena en Tierra del Fuego, que siente -y así lo han expresado el gobernador y dirigentes gremiales- que atentan contra la industria tecnológica local y generará miles de desempleos en los próximos meses.
El gobierno sostiene que no existe una afectación directa, sino que niveló las posibilidades de comercialización y la producción fueguina deberá analizar costos y salir a competir con los productos que ingresen desde el exterior.
El tema se agudiza y no pareciera que se pudiera lograr un acuerdo que de por concluido el paro general por tiempo indeterminado y que amenaza con extenderse a otras provincias.
Esta última etapa de cobertura legal que tiene el presidente libertario para concretar su proyecto amenaza con ser extremadamente conflictiva. Según expresiones de Sturzenegger, el presidente está decidido a llevar a cabo todo el programa, mostrando el desinterés manifiesto que siente por los resultados negativos que puede ocasionar.
Alguien dijo: “El poder se ejerce, más allá de las consecuencias que provoque”. “No se presta ni comparte”.
En el presidente libertario esas son consignas irrenunciables.
El futuro sigue siendo una incógnita.