La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en general, por una amplia mayoría, los proyectos impulsados por la oposición de incrementos de los haberes jubilatorios en un 7.2%, y el aumento del bono complementario de 70 mil a 110 mil pesos.
Las iniciativas fueron rechazadas por el oficialismo y un sector de los aliados, en tanto que el Gobierno ya adelantó que utilizará el veto presidencial al considerar que afectan el orden fiscal.
El aumento a las jubilaciones fue aprobado 142 votos contra 67 rechazos y 19 abstenciones (UCR y PRO).
Los votos positivos fueron aportados por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia par Siempre, la Coalición Cívica, la izquierda, Movimiento Popular Neuquino, Producción y Trabajo, algunos radicales, y Por Santa Cruz.
El proyecto incluye una nueva fórmula de movilidad previsional que contempla una mejora en los haberes y en el monto fijo adicional que cobran mensualmente los jubilados que perciben el haber mínimo.
La medida, de convertirse en ley, impactará en millones de beneficiarios, pero también en las cuentas del Estado, motivo por el cual el Gobierno nacional ya adelantó que, de sancionarse, será vetada.
La propuesta aprobada contempla una actualización automática de los haberes con base en la inflación, más un adicional del 7,2%, que representa una recuperación parcial del poder adquisitivo perdido en los últimos años. Además, eleva el bono previsional de $70.000 a $110.000, lo que beneficiaría principalmente a los jubilados de la mínima.
Desde la oposición, se argumentó que el proyecto “busca reparar parte del deterioro del poder de compra de los jubilados”, y remarcaron que el 85% de los beneficiarios cobran por debajo de la canasta básica del adulto mayor.
“Esta ley atenta contra el equilibrio fiscal que estamos defendiendo”, indicaron desde Casa Rosada en un mensaje directo al Congreso. El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó más temprano que el presidente la vetará si es aprobada en el Senado.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado en declaraciones públicas que el Gobierno no convalidará ningún proyecto que implique “romper con la disciplina fiscal”. Bajo esa línea, el presidente Milei mantiene la facultad del veto presidencial como herramienta para evitar medidas que afecten el superávit.