Por un lado el gobierno nacional que pugna, basado en su programa político, para lograr objetivos que, indudablemente, están causando y profundizando las diferencias surgidas desde el poder central con el poder federal ejercido por las 24 provincias, que son la estructura preexistente que conforma la Nación.

Los niveles de confrontación se observan en numerosos frentes que con sus posturas, mantiene el gobierno nacional, y que alcanzan una virulencia que no augura buenos resultados.

Venimos desde hace semanas con distintas movilizaciones obreras, caso la Fraternidad, Sanidad, áreas del CONICET, algunos sectores docentes, fundamentalmente los que mantienen conexión con CTERA; para mañana está previsto el paro de Aerolíneas Argentinas.

Para mañana -de no existir acuerdos- la decisión de los gobernadores patagónicos de cortar el suministro de petróleo y gas; camioneros analiza una medida de fuerza; la CGT estudia la realización de un paro general; los grupos sociales y fuerzas piqueteras que se vienen manifestando a diario, le confieren al país un estado de anomia y de ausencia de seguridad jurídica que conspira con cualquier planificación que tenga en mente el gobierno del liberal Javier Milei.

En la mañana de ayer, como lo hace habitualmente el vocero presidencial Manuel Adorni, respondiendo a una pregunta de los periodistas que asisten a los informes gubernamentales, sostuvo que las políticas del presidente Javier Milei no contemplan negociaciones de ninguna naturaleza.

“Aquello que se instrumenta por orden presidencial y se ejecuta a través de las áreas correspondientes, son decisiones inamovibles”. Aclarando: “Si esperan que el presidente Milei retroceda, están en un error. Es lo que se ha planificado para recuperar al país”.

Más contundente y claro no podía resultar. Pero existe una profunda negación de la realidad que vive la Argentina y a los efectos negativos que estas controversias y posicionamientos, que no permiten ni conceden la posibilidad de negociar o consensuar, las políticas de ajuste, muestran un camino sin salida.

La discusión hoy pasa por los análisis que realizan los constitucionalistas, los analista políticos, consultores de diversa naturaleza ideológica, resultando, las conclusiones a las que arriban, un aporte profesional que provoca más incertidumbre en el ciudadano - ciudadana de a pie.

La controversia suscitada entre Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía con un sector de los gobernadores, responde a una posición muy autoritaria del gobierno central, que respondiendo a las directivas emanadas del presidente Javier Milei, han cerrado toda posibilidad de acordar, consensuar, negociar, entenderse racionalmente para evitar la zozobra que hoy está padeciendo una gran parte de la sociedad.

Se profundizan los índices de indigencia y pobreza extrema. Las medidas de cortar partidas nacionales destinadas a la obra pública, a determinados Fondos Fiduciarios, entre otras medidas, como la recientemente anunciada de aumentar el impuesto a los combustibles a partir de marzo, están señalando que la escalada de precios no se detiene y agravan el daño que se va a producir en el consumo de la canasta básica, que sufrirá aumentos en relación a los nuevos precios que surgirán.

Un juego perverso donde, siguiendo el pensamiento mileista, señala que el que no aguante será el daño colateral que se preveía con el ajuste fiscal y que hoy se cuenta en varios millones de argentinos que se transformaron de clase media reducida en pobres muy cerca de la indigencia.

La realidad indica que las formas responden a la materialización de la ortodoxia liberal, que se está realimentando en el pensamiento anarco-capitalista sobre cuyas bases de acción, gesta Javier Milei su programa de gobierno.

No se perciben -por lo menos por ahora- signos que señalen que se puede lograr compatibilizar los criterios que animan a las partes, hoy enfrentadas y en situación litigiosa.

La enorme duda que surge es, si el Poder Ejecutivo Nacional podrá concretar las reformas de gobierno sobre las cuales está trazando su plataforma del cambio, sin el aporte que necesariamente requiere para funcionar, de los Estados provinciales.

Tampoco debe obviarse que el Poder Legislativo, está conformado por representantes de las provincias, ya sea la Cámara baja y el Senado de la Nación. Sin ese aporte y en franca minoría resultará imposible darle forma legal a la conformación del gobierno liberal que preside Javier Milei.

Resulta una utopía presuponer que podrá gobernarse a través de los DNU, a los que deberá apelar ante las dificultades que -indudablemente- comenzarán a surgir cuando no encuentre cómo hacer aprobar las leyes.

Un abismo insondable, que plantea muchas dudas sobre el futuro argentino.