MARTES 21 de Julio de 2026
 
 
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Será presentado en el Congreso 

Sturzenegger vuelve a la carga con otro paquete de desregulaciones

El texto incluye cambios de fondo a normativas como el Régimen de Corretaje así como también en las leyes de Protección de la Actividad Librera y de Farmacias. Además, desregula el mercado de Gas Licuado de Petróleo y el Régimen para la navegación e incluye todo un capítulo destinado al sector agroganadero.

 

Durante el fin de semana, mientras los argentinos se preparaban para la final del Mundial, en la que la Argentina se enfrentaba contra la selección española, comenzó a circular un borrador de 144 páginas que deroga y modifica un cúmulo de leyes.

Todo esto, en pos de desregular y liberalizar distintos sectores de la economía local. El texto cuenta con la venia de la Casa Rosada pero todavía no fue presentado en el Congreso.

El primer tramo del proyecto apunta a desregular el mercado inmobiliario, y pone el foco en el Régimen de Corretaje. Entre sus puntos salientes, el proyecto acota los requisitos para ejercer como corredor inmobiliario. Por caso, elimina la obligación de tener título universitario de Martillero y Corredor Público. Para ejercer como tal, basta con tener título secundario y mayoría de edad.

Asimismo, entre los puntos salientes, el borrador al que tuvo acceso Ámbito prohíbe fijar aranceles mínimos, máximos o sugeridos, sino que la comisión se pacta libremente entre las partes. Por último, se crean plataformas digitales para validar y legalizar el corretaje.

Más adelante, el proyecto liberaliza de manera total al mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), es decir, el gas en garrafas y cilindros. En concreto, elimina las regulaciones que rigen desde 2005 vinculadas con precios, cantidades, volúmenes, márgenes de rentabilidad o condiciones comerciales. Palabras más, palabras menos, de sancionarse la ley, los precios quedarían librados a la oferta y demanda.

En concreto, el proyecto deroga el Régimen Regulatorio del GLP (Ley Nº 26.020), que lo declara como un “servicio público de interés general”, lo que le permite al Estado fijar precios de referencia, subsidiar la garrafa social y regular cupos de abastecimiento.

El proyecto impulsado por el “Coloso” también plantea una desregulación en los mercados editorial y audiovisual. En otras palabras, las grandes cadenas de librerías y supermercados podrán ofrecer descuentos agresivos, lo que iría en detrimento de las librerías independientes y de barrio.

Además, las películas, series y contenidos extranjeros emitidos en televisión abierta o cable podrán ser doblados en cualquier otro país.

El borrador del proyecto le dedica todo un capítulo al sector agroganadero. Por un lado, se deroga el artículo 3º de la Ley Nº 13.636, en el que se exige que cualquier producto veterinario importado (remedios, vacunas, tratamientos) debe comenzar a fabricarse real y efectivamente en Argentina dentro de un plazo de 4 años desde su autorización provisional o definitiva.

Más adelante, el texto elimina las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). En cambio, transforma este instituto en un organismo sostenido únicamente por aportes voluntarios y servicios comerciales.

En otro tramo, el proyecto libertario desregula por completo los contratos de alquiler de campos y de producción asociativa agropecuaria en el país. De sancionarse la ley, los contratos se regirían por el principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes, bajo el Código Civil y Comercial de la Nación.

Vinculado a este sector, el proyecto también deroga la Ley Nº 25.849, que crea la Corporación Vitivinícola Argentina, más conocida como COVIAR. En este sentido, el texto especifica que los recursos remanentes COVIAR deben pasar al patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Otro de los tramos del proyecto libertario apunta la apertura en la navegación y comercio de cabotaje nacional. Elimina la reserva de carga exclusiva para buques de bandera local que rige desde 1944. En concreto, apunta a habilitar que barcos extranjeros transporten carga y pasajeros entre puertos argentinos.

 

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