La ley actual : Un cambio de paradigma, hoy en disputa

La actual Ley Nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en el año 2010, no fue una norma más, sino que permitió, además de ordenar prácticas, expresar un consenso social sobre cómo entender la salud mental. Dicho consenso, fue el resultado de una construcción colectiva que involucró a trabajadores de la salud, organizaciones de usuarios y familiares, universidades, colectivos culturales y organismos de derechos humanos.

Gracias a ese debate se logró instalar en la agenda política la necesidad de un cambio de paradigma: pasar de un modelo centrado en el encierro a otro basado en la comunidad, la interdisciplinariedad y los derechos humanos.

La ley actual se destaca por desplazar la idea de que el padecimiento psíquico puede reducirse a una disfunción individual, como sostiene la psicoanalista Alicia Stolkiner: “la salud mental no puede pensarse por fuera de las condiciones de vida”.

La atención de la salud mental implica reconocer la singularidad de cada sujeto, su historia, sus vínculos y su modo particular de atravesar el sufrimiento. Se trata, en definitiva, de no estigmatizar ni victimizar, sino de construir respuestas que reconozcan la complejidad de la angustia en el uno a uno, algo que la ley vigente promueve y respalda.

En un contexto donde predomina un fuerte empuje al individualismo -que tiende a responsabilizar al sujeto de manera aislada por su malestar-, esta perspectiva resulta clave: permite alojar la angustia sin reducirla a un diagnóstico ni convertirla en objeto de control.

Nuevo proyecto: ¿actualización o retroceso?

La actual propuesta de reforma es presentada como una actualización necesaria, sin embargo, distintos sectores advierten que algunos de los cambios podrían implicar un corrimiento más profundo y ,más aún, un retroceso.

Dentro de los puntos más polémicos podemos mencionar:

-     La ampliación de las internaciones involuntarias

-     Una mayor intervención del sistema judicial

-     La flexibilización de restricciones sobre instituciones monovalentes

-     La redefinición del rol de los equipos interdisciplinarios

El análisis de estos puntos nos abre un interrogante de fondo: la nueva ley, ¿busca fortalecer el sistema o implica un corrimiento que podría habilitar prácticas regresivas?

Porque cuando el padecimiento psíquico comienza a asociarse con la peligrosidad, el riesgo es reactivar lógicas que históricamente justificaron prácticas de encierro, segregación y control.

Cuando el sufrimiento se vuelve problema legal

Otro de los aspectos en discusión es la ampliación del rol del sistema judicial, una decisión que contribuye a la criminalización, ya que los padecimientos corren el riesgo de ser tratados como problemas de orden público antes que como una experiencia humana que requiere cuidado.

Si bien su intervención puede ser necesaria en situaciones específicas, su centralidad despierta algunas reservas.

La lectura del padecimiento desde una lógica legal puede derivar en procesos de clasificación que, lejos de alojar la singularidad, tienden a fijar identidades y reforzar estigmas.

¿Qué intereses se ponen en juego?

El debate no se da en un vacío, existen intereses en juego. Y, lejos de simplificar el análisis o de atribuir intencionalidades lineales, de lo que se trata es de reconocer que las decisiones en salud mental también organizan circuitos económicos, formas de atención y modelos de intervención: la eventual flexibilización de las internaciones y el corrimiento hacia dispositivos más centrados en la institucionalización podrían beneficiar al subsector privado de la salud, particularmente a clínicas especializadas en internaciones; del mismo modo, el fortalecimiento de respuestas predominantemente farmacológicas dialoga con tendencias propias de la industria farmacéutica.

En ese marco, la medicalización del sufrimiento -cuando se vuelve respuesta casi exclusiva- puede reducir la complejidad de la experiencia subjetiva a una cuestión biológica, dejando en segundo plano las dimensiones sociales y vinculares.

Una disputa que es también política

La discusión sobre la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 no es solo técnica ni sanitaria: es también política e ideológica en tanto define cómo se organiza la respuesta social frente al sufrimiento, qué lugar ocupan las personas dentro del sistema y qué modelo de sociedad se construye. Como advertía el psicoanalista Fernando Ulloa: “no hay salud mental posible en contextos de exclusión”.

Defender la ley no es negar sus límites sino reconocer una conquista colectiva que puso a las personas y sus derechos en el centro. Puede necesitar cambios, pero sin ese horizonte deja de ser una actualización para convertirse en otra cosa: una forma distinta de decidir cómo una sociedad aloja -o excluye- el sufrimiento. Y en ese terreno, retroceder nunca es neutral.