La decisión fue adoptada durante una audiencia de reexamen solicitada por el defensor Martín Herrero Galvagno, quien sostuvo que los riesgos procesales que habían fundamentado la prisión preventiva habían disminuido y planteó como alternativa el cumplimiento de la medida en los domicilios de los acusados, con monitoreo electrónico.

El fiscal Damián Campos se opuso al planteo y consideró que no surgieron circunstancias nuevas que modificaran los fundamentos de la detención. Entre otros elementos, mencionó la salida del país de Torres, el presunto ocultamiento o descarte de prendas, una bicicleta que habría utilizado Bajo y un vehículo vinculado con el hecho. También destacó los antecedentes condenatorios de ambos y la posibilidad de una eventual pena de cumplimiento efectivo.

El querellante Jerónimo Altamirano también rechazó el arresto domiciliario y señaló que, si bien se logró acceder al contenido de uno de los teléfonos celulares, todavía resta analizar la información obtenida. Según indicó, ese procedimiento podría aportar datos sobre la posible participación de otras personas en el hecho.

Al resolver, Gilardenghi sostuvo que no se produjeron modificaciones suficientes para sustituir la prisión preventiva por una medida menos gravosa. En el caso de Bajo, recordó que el pasado 3 de septiembre había prorrogado la detención hasta el 27 de septiembre. Respecto de Torres, consideró que la apertura de su teléfono constituye una novedad, pero aclaró que el análisis de la información aún no concluyó.

El magistrado también reconoció que los domicilios propuestos por la defensa cuentan con viabilidad técnica para implementar el monitoreo electrónico, aunque aclaró que esa posibilidad no obliga a conceder el arresto domiciliario.

Gilardenghi remarcó además que todavía existen elementos de prueba relevantes que deben ser preservados, entre ellos el dinero sustraído, el vehículo y prendas presuntamente vinculadas con el hecho.

De esta manera, el juez consideró que continúan vigentes los fundamentos que justificaron la prisión preventiva y resolvió que Mauricio Bajo y Gonzalo Torres permanezcan detenidos. La decisión puede ser recurrida por la defensa.