Los sindicalistas repudiaron la resolución alcanzada por el juez contravencional Maximiliano Boga Doyhenard, quien sancionó a una docente identificada como Ana Contreras a la pena de 60 días-multa, equivalente a 913.800 pesos, al considerarla autora de “maltrato psíquico” a una adolescente, figura prevista en el artículo 121, inciso 1º del Código Contravencional de La Pampa.

El caso que llegó a una condena fue denunciado por el padre de una alumna de nivel secundario, señalando que la docente “teniendo conocimiento del origen israelí de su hija, de haber vivido su infancia allí, de tener familia y amigos en la zona del conflicto”, afirmó que “el presidente de Israel es una persona de derecha y por lo tanto tenía ideas retorcidas, que lo que estaba haciendo el grupo Hamas estaba bien, acerca de la matanza de civiles e infantes, que todo el que vivía en Israel era un genocida o terrorista y que todo era culpa del pueblo judío”.

“Puedo concluir que se probó que los comentarios ofensivos atribuidos a la imputada en la denuncia existieron y lo fueron en el contexto referido por la estudiante y sus compañeras”, falló Boga Doyhenard.

Y apuntó que “la acusada introdujo adrede el tema del ataque terrorista de Hamas a Israel y no surgió que el relato haya sido formulado desde la “neutralidad”, como recalcó ella en su defensa”.

Repudio

En la mañana del miércoles referentes de UTELPa, SITEP e incluso CTERA se manifestaron en las puertas de Tribunales, en apoyo a la docente Contreras y repudiando el fallo de Boga Doyhenard.

“No queremos que los fallos y condenas hacia las y los docentes sea a partir de la Justicia porque dentro del sistema educativo tenemos Ley Provincial de Educación, nuestro Estatuto y todos organismos como Tribunal de Disciplina, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que investigan cuando es necesario”, señalaron desde UTELPa.

Y acotaron que “esta condena nos preocupa muchísimo, precisamente porque es la injerencia de la Justicia, de un órgano que no corresponde al Sistema Educativo, ante una situación que se dio en el aula, en el marco del vínculo pedagógico”.

En tanto, desde CTERA consideraron que “esta resolución no sólo criminaliza la tarea docente sino que constituye un gran antecedente que la pone en riesgo, como a la educación pública, la libertad de cátedra y el rol pedagógico que los docentes desempeñamos día a día en las aulas”.

Añadieron que Contreras “es víctima de una injusta persecución judicial” y reclamaron una inmediata revisión de la sentencia.