La acción motivó la rápida reacción del secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, quien recordó que “es una obra cuestionada por La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por no tener evaluación de impacto ambiental regional ni haber sido aprobada por las provincias condóminas. Obra inconsulta contraria a derecho al agua de provincias de la cuenca”, sostuvo el funcionario a través de la red social Twitter.
En contacto con La Reforma, Lastiri explicó que “la firma del convenio es una acción que facilita el desarrollo de una obra que ha sido cuestionada y demandada por La Pampa ante la Corte, porque se decidió de manera inconsulta y tiene un impacto significativo en todo el escurrimiento y, por ende, el derecho de acceso al agua de toda la gente que habita en la cuenca, más allá del severo daño ambiental como el que se está produciendo desde hace muchos años”.
“Esta obra no se ha acordado, nunca se hizo la más mínima consulta a las provincias de aguas abajo, por eso nuestro reclamo ha recibido el apoyo de San Luis. En esa provincia hay cuatro obras con incidencia muy fuerte sobre el Río San Juan, como Ullún, Caracoles, Loma Negra y ahora Tambolar, que está en construcción. Lo que está haciendo el secretario de Energía es promover nuevas acciones en favor de San Juan, sin la aceptación de las otras provincias que integran la cuenca Desaguadero, Salado, Chadileuvú, Curacó”, añadió.
Recordó que “en el 2018 el gobernador Carlos Verna presentó una demanda ante la Corte y hace algo más de un año los jueces se expidieron pidiéndole información a San Juan y a la Nación respecto a esta obra, pero aún no hubo respuesta. La situación también generó el rechazo de pobladores de esa provincia, que también se sienten afectados y se declararon solidarios con el reclamo de La Pampa y San Luis”.