El caso migratorio en Ceuta, España implicó un sacudón político al interior de la Unión Europea luego de que 22 de sus socios cuestionaran abiertamente la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez y pidieran mayores medidas para “combatir la inmigración ilegal”.

Esta crisis no se quedó solamente en territorio europeo, sino que generó una repercusión inmediata en los principales países de Occidente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump calificó lo sucedido como “una invasión” y auguró que eso es lo que sucederá si es que “los demócratas llegan al poder” en su país.

Por su parte, en las últimas horas, el Presidente Javier Milei compartió en su cuenta personal de X diferentes interpretaciones por parte de figuras del ámbito libertario. Uno de los textos más extensos fue el del Director Ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, que atribuyó esa crisis a varios actores y estructuras.

Laje afirmó que “Bruselas impone una agenda migratoria abierta y castiga a los gobiernos que intentan recuperar el control soberano de sus fronteras”, señalando así a los “globalistas al frente de la Unión Europea” como uno de los principales culpables. Además, responsabiliza a la “industria de las ONG”, a la “ideología multicultural” y al “wokismo”, al que define como “un complejo de culpa autoinducido en los europeos: opresores históricos de buena parte del mundo según esta narrativa habrían contraído una deuda moral permanente que hoy debería saldarse mediante políticas de fronteras abiertas”.

Disintos medios consultaron con una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo y se supo que Javier Milei está muy atento a la crisis migratoria en Ceuta. Ante la consulta sobre si hay en evaluación más medidas vinculadas a la normativa migratoria argentina, la respuesta fue “lo estamos monitoreando”.

Por pura coincidencia, horas antes de que emergieran las primeras novedades desde Ceuta, el Gobierno había anunciado el miércoles por la noche la publicación de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que habilita impedir el ingreso y expulsar del país a extranjeros que emitan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o sus ciudadanos por su nacionalidad, así como a quienes ultrajen símbolos patrios, una decisión que en Casa Rosada atribuyeron como respuesta a la supuesta “campaña antiargentina”.