Por otra parte la Justicia, ha demostrado en los últimos acontecimientos, remontémonos al caso Chocobar, que según quién sea el fiscal actuante, no se evalúan con la misma vara, situaciones que derivan en sucesos graves en los que interviene ladrones y fuerzas policiales.

Recientemente el controvertido tema volvió a ocupar el centro de la escena, cuando dos episodios tuvieron amplia repercusión en los medios capitalinos, generándose una polémica que aún persiste.

En una verdulería de la ciudad de Córdoba, en zona suburbana, se registró un suceso que pudo tener gravísimas consecuencias, cuando dos ladrones irrumpieron en la madrugada en un depósito de un almacén-verdulería y confundieron a un ocasional comprador con el dueño del lugar.

Reducido el vecino que diariamente a las 4:30 de la madrugada va en busca de mercadería y sin que existiera el mínimo intento de resistirse, le dispararon en el cuello con la intención de acabar con su vida.

No se acallaban las voces de repudio ante el episodio cordobés cuando en Buenos Aires, en la localidad de Moreno un policía de civil al comando de una moto acompañado por su novia, estacionaba frente a un local comercial, cuando dos motochorros, apuntándole con un arma intentaron robarle el vehículo.

Alejada la mujer del lugar, retrocede el policía y cuando el ladrón accede a la moto, extrae su arma reglamentaria y comienza a disparar. El ladrón huye y en la esquina cae herido de muerte.

Para el fiscal que actuó en la causa, existe un encuadre que responsabiliza al policía mientras que el Juez podría estar materializado el exceso de la legítima defensa. El primer aspecto podría discutirse, el segundo es una interpretación que gran parte de la ciudadanía entiende que hay defensa y no exceso.

La polémica está planteada, entre quienes se manifiestan a favor del resultado de la acción armada, tras el intento de robo y los que se pueden encasillar como ’garantistas’ y privilegian al delincuente, antes que al ciudadano o ciudadana que sufren el robo.

La discusión social esta planteada y los argumentos que se esgrimen no son novedosos, podríamos asegurar que son reiterativos de otros hechos similares en donde la fuerza pública ha usado su arma para defenderse o defender ciudadanos en peligro de muerte.

Volvió a materializarse la utilización de las pistolas ’Taser’, y recrudecieron las críticas a los que -hasta ahora- han impedido que las mismas formen parte del armamento policial, que consiste en un medio que produce una descarga eléctrica que invalida al delincuente y permite detenerlo, sin provocar ninguna lesión grave.

El delincuente que sale a la calle a robar o busca lugares para cometer delitos, está decidido a todo. Sabe que va a suerte o verdad y realmente no le importa ni su vida ni la del prójimo.

Está realidad parece estar escapándose de las consideraciones que realizan los entendidos en materia delincuencial y la ausencia de mayor rigor en la aplicación de las normas penales, factor que, en mayoría de los casos, devuelve a los delincuentes a las calles a las pocas horas de ser aprehendido, es uno de los reclamos de la sociedad en su conjunto.

La polémica está en pleno apogeo. Los argumentos de unos y otros, tienen aspectos de coincidencia y de absoluta disparidad. Es realmente necesario que la sociedad en su conjunto entienda que deben instrumentarse políticas de consenso, que compatibilicen las normas judiciales y de esta manera reacomodar el sistema, poniendo a cada uno en el lugar que corresponde.

Por un lado la fuerza policial que tiene como prioridad cuidar a la ciudadanía y por el otro como se materializa el sistema social para disminuir el índice delincuencial y la violencia.

Derechos y obligaciones son señalados constitucionalmente como elementos que deben ordenar la sociedad.