La renuncia de José Luis Espert, que salen a destacar el presidente Milei y varios de sus adláteres, tras los prolegómenos de no haber aceptado en tiempo y forma el alejamiento de un legislador -vinculado con el narcotráfico- candidato, en las nacionales de octubre, a la cabeza del oficialismo de la provincia de Buenos Aires, deja mucha tela para cortar.
Es buscando en el sector opositor a quienes han incurrido en algún acto de corruptela como intenta limpiar LLA un problema que hoy les atañe exclusivamente a ellos.
Tras el inexplicable -o no tanto- respaldo que le brindó el presidente Javier Milei, quien en soledad rechazó la posibilidad de que el candidato diera un “paso al costado”, pese a haber sido vinculado con un personaje ligado al narcotráfico del cual habría recibido ayuda económica, el mandatario hoy procura mostrarse impoluto, para convencer a un electorado que, en una gran medida, está desaprobando los manejos actuales del gobierno.
Este episodio ya no tiene vuelta atrás y los efectos negativos podrán ser apreciados en la reacción de la ciudadanía que acuda a votar el 26 de octubre.
Hoy el cuestionamiento está marcando el inicio de otro nuevo conflicto el cual -indudablemente- tiene como destino la intervención de la Justicia que deberá decidir sobre la interpretación de las normativas que se fijan para los procesos electorales, que operaban bajo la jurisdicción de la Cámara Electoral Federal.
La figura de Diego Santilli sería la que cubra la renuncia de Espert, pero está dentro de los planteos legales qué lugar ocuparía en la lista, dado que gran parte de las boletas ya están impresas y resultaría improbable se acepte la reimpresión, debido al altísimo costo que demandaron las actuales.
Todo indicaría que el planteo del oficialismo para que Diego Santilli ocupe la cabeza de la lista y que para ello deban realizarse nuevas boletas es el tema que preocupa a todos los sectores, los cuales -en líneas generales- se oponen a esta circunstancia siendo avalados por las normativas que rigen la impresión de boletas.
El gobierno de Javier Milei está intentando “blanquearse”. Escuchar las explicaciones a las que apela el presidente, como las justificaciones que intenta el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, así como los gestos de conformidad del staff gubernamental que piensa que el alejamiento de Espert ahuyenta el fantasma de una derrota el 26 de octubre, parecieran desaparecer.
Sería llamativo que la ciudadanía que ha venido respondiendo positivamente al presidente Milei, más allá de este alejamiento obligado, acepte mantener otros personajes que rodean al libertario y que son señalados como partícipes en otros delitos, por ejemplo: Karina Milei, acusada de recibir coimas, o los supuestos negociados generados por los Menem, Martín y “Lule”. Nada de esto aclarado hasta ahora.
Esto, a escasos 20 días de la elección, aparece como inalcanzable. Gran parte de una sociedad que renegó de gobiernos anteriores y buscó un cambio, entiende que repitió errores y solo con el voto puede corregirlos. Y eso sí es un gran cambio.
Por otra parte, no tiene nada que ver con los “kuka”, ni son efecto de gobiernos anteriores, o del resultado de un peronismo descarriado. Es la prueba palpable de que el gobierno de Milei también es “casta”, que muestra un alto grado de corrupción y que la ciudadanía está dispuesta a buscar opciones diferentes.
Podría considerarse que existe un alto grado de desesperación en las filas de La Libertad Avanza, debiendo enfrentar una serie de escenarios conflictivos que se extenderán hasta las últimas 48 horas antes del proceso electoral.
En la próxima sesión de diputados se podrán registrar varios episodios que apuntan al sector del oficialismo. En la sesión ha trascendido que José Luis Espert solicitaría una licencia hasta el mes de diciembre, con lo cual quedará alejado de posibles confrontaciones y pedidos de alejamiento del cuerpo.
En la misma jornada será planteada la situación de Karina Milei, que hasta la fecha se ha negado a presentarse en la investigación realizada por el caso de la criptomoneda $Libra y responder por las acusaciones de supuestas coimas de ANDIS, cuya implicancia fue marcada por el ex funcionario Diego Spagnuolo.
La carga es pesada y ya no responde solo al apellido Milei. La ciudadanía ahora está reclamando respuestas sólidas que reviertan la pobreza, la indigencia, el desempleo, el cierre de Pymes, la desindustrialización, la profunda afectación de empresas comerciales que no pueden competir con la apertura irrestricta del mercado importador y mucho más.
En síntesis, el castillo se desmorona. La caída se prevé y puede materializarse en octubre, una fecha clave a la que apunta el gobierno de Javier Milei como escalón para tener gobernabilidad hasta el 2027.