SÁBADO 04 de Abril de 2026
 
 
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Espionaje ruso 

Milei: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos”

El presidente Javier Milei sostuvo este viernes que el “espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”, en referencia a una campaña rusa en medios argentinos para desprestigiar a su gestión. Rusia negó la acusación y se realizó una denuncia ante la Justicia.

“Los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, escribió en X.

Milei se refirió de esa forma a una investigación que se conoció en las últimas horas basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye al medio inglés openDemocracy.

La misma sostiene que una red rusa denominada “La Compañía” buscó influir en medios de Argentina para desacreditar al gobierno de La Libertad Avanza.

Según esos registros, entre junio y octubre de 2024 la red habría presupuestado US$ 283 mil para destinar a al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios del país sobre Milei y la posición argentina respecto de Ucrania. 

Se documentaron en esos artículos firmas inexistentes y contenido fabricado. El contenido consistía principalmente en malas noticias y comentarios críticos sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal que promovió la gestión Milei y el aumento de las tensiones diplomáticas con gobiernos de la región.

El Gobierno informó en 2025 que había detectado una presunta red de agentes rusos y FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) reportó los mecanismos de la desinformación rusa en nuestro país.

La negación de Rusia

Luego de que una investigación periodística revelara una presunta campaña de desinformación en distintos medios argentinos, impulsada desde Rusia, la embajada de ese país en Argentina publicó un comunicado en el que rechazó la acusación.

Fue luego de que el propio Javier Milei se hiciera eco de la noticia y advirtiera que avanzará “hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”.

Mediante un mensaje en la red social X, la embajada de Rusia en Argentina hizo mención al caso. “Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos. Los ‘investigadores’ han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025. Como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”, señaló.

Y concluyó: “El 23 de junio de 2025 la Embajada ya emitió un comentario detallado sobre este tema. En esencia, no tenemos nada que añadir hoy. Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común, y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas”.

La denuncia

El abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia por las operaciones de desinformación financiadas por el régimen ruso donde señala que la eventual inserción de operaciones de desinformación coordinada y con financiamiento extranjero puede incidir directamente en la “formación de la voluntad del electorado”, en especial durante períodos electorales, afectando “la transparencia del debate público y la integridad del sistema democrático”. 

Monastersky advierte que el fenómeno no puede tratarse como una simple dinámica comunicacional sino que representa una amenaza directa al sistema democrático argentino. La preocupación abarca además la posibilidad de que periodistas y medios hayan sido engañados sobre la fuente u objetivos de los materiales difundidos, hecho que el abogado considera debe ser dilucidado para evitar generalizaciones y establecer responsabilidades individuales. 

El documento solicita que la Justicia individualice las conductas y determine si reúnen los elementos propios de delitos previstos en la normativa vigente, en particular la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.

 

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